Política

El VS PROMISE, un buque petrolero de bandera de Isla de Man —dependencia de la Corona británica—, salió de Los Ángeles el 6 de julio y semanas después ya figuraba en registros internacionales de navegación con Río Cullen, Tierra del Fuego, como destino. La información estaba al alcance de cualquier ciudadano y, mucho más, de un Gobierno con áreas de Energía e Hidrocarburos. Sin embargo, el repudio apareció cuando el barco ya estaba en Ushuaia. Como ocurrió con el radar inglés, primero llegó el hecho consumado y después la reacción oficial.

 

La economía fueguina se parece demasiado a la del eterno adolescente que ya es grande pero sigue dependiendo de sus padres: durante décadas tuvo a “papá Nación” sosteniendo buena parte del modelo y los gobiernos provinciales nunca terminaron de construir una verdadera independencia productiva. Hoy 41.436 personas están bajo la línea de pobreza en Ushuaia y Río Grande, muchos trabajadores necesitan un segundo ingreso y algunos políticos todavía eligen culpar al que llegó de otra provincia. Y cuando ya no alcanza ni el sueldo ni el segundo trabajo, aparecen los repartidores de bolsones. Asistir al que lo necesita es obligación del Estado; hacer de esa necesidad una política permanente es otra cosa. Porque para algunos, administrar la pobreza también termina siendo una manera bastante eficaz de administrar votos.

El intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, volvió a cuestionar al Gobierno nacional y sostuvo que la crisis económica y social exige una presencia activa del Estado, especialmente frente al deterioro que atraviesan las familias.

 

En el 35° aniversario de la Jura de la Constitución Provincial, el intendente de Río Grande destacó el valor histórico de la provincialización y llamó a fortalecer una mirada estratégica desde el sur, con eje en el trabajo, la producción, la soberanía y el arraigo.

 

El intendente de Río Grande expresó su preocupación por el escenario abierto en el sector hidrocarburífero, luego de la presentación urgente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado ante la Legislatura. El gremio declaró la máxima alerta por el impacto que las decisiones vinculadas a Terra Ignis y Velitec podrían tener sobre cientos de trabajadores.

 

El gobernador Gustavo Melella decidió sostener por decreto una reforma constitucional cada vez más cuestionada política y jurídicamente. Tras la derrota legislativa del 30 de abril, donde 11 legisladores votaron la derogación de la Ley 1529, el mandatario respondió con un veto total que vuelve a exponer el nivel de aislamiento político del oficialismo fueguino.