Política

La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella perdió la ley que la sostenía y también el decreto de convocatoria. Aun así, el Ejecutivo sigue persistiendo con una campaña publicitaria millonaria para promocionar una elección de convencionales constituyentes que hoy no tiene respaldo vigente.

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, salió a responder públicamente las declaraciones del gobernador Gustavo Melella sobre la integración futura de la Legislatura provincial. “Decir que si no hay reforma constitucional la Legislatura pasará automáticamente de 15 a 19 legisladores es una grave mentira a la sociedad. O no conoce la Constitución Provincial, lo cual también es gravísimo, o le está mintiendo deliberadamente a los fueguinos”, sostuvo el parlamentario.

Moody’s Local Argentina, una calificadora de riesgo crediticio que analiza si una provincia puede sostener sus cuentas y pagar sus compromisos, recortó nuevamente la calificación de Tierra del Fuego. El informe marcó un deterioro fiscal mayor al esperado, con más gasto público, fuerte peso salarial, caída de la industria y el turismo, baja real de regalías hidrocarburíferas, déficit previsional en aumento y una deuda altamente expuesta al dólar.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, defendió la aprobación de la Ley de Goteo de la coparticipación y sostuvo que se trata de una discusión que la provincia debía dar. En medio de la tensión política entre el Ejecutivo provincial y los municipios, remarcó que el debate permitió demostrar que el reclamo por los recursos no pertenece a un solo sector político.

El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, rechazó las acusaciones del Ejecutivo provincial tras la aprobación de la Ley de Goteo y sostuvo que el reclamo apunta a terminar con la discrecionalidad en el manejo de la coparticipación. También afirmó que Gustavo Melella “se está quedando muy solo” y cuestionó que el Gobierno provincial “vea una realidad paralela”.

El exgobernador José Arturo Estabillo, primer mandatario constitucional de Tierra del Fuego, se pronunció en medio del debate por la derogación de la Ley 1529 y sostuvo que la provincia no atraviesa el momento institucional, social ni económico para avanzar con una reforma constitucional. Además, defendió la vigencia de la Carta Magna fueguina y planteó que el problema central no está en modificarla, sino en cumplirla.

El Gobierno de Gustavo Melella presentó la reforma constitucional como una herramienta para ordenar el Estado. Sin embargo, los números cuentan otra historia: una gestión que habla de recortar el gasto político mientras sostiene una estructura pesada, con funcionarios cuya función nadie termina de explicar, y propone sumar una elección millonaria al calendario provincial. Para Melella, la urgencia parece ser cambiar la Constitución; para buena parte de la sociedad, bastante menos épica: que cierren las cuentas, funcionen los servicios, alcancen los salarios, mejore la salud y el Estado deje de pedir comprensión mientras sigue engordando.
 

 

En pleno debate por la reforma constitucional, una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que el 70,3% desaprueba el rumbo de la provincia y el 72,4% considera que no es momento para una reelección en el actual contexto económico, en un escenario atravesado por tensiones fiscales y demandas sociales urgentes.

El legislador, Jorge Lechman cuestionó el avance de la reforma constitucional por decreto y confirmó que este jueves se tratará en el recinto la derogación de la ley que habilitó el proceso.

La Legislatura tratará este jueves la derogación de la Ley 1529 . En la primera instancia se necesitan 8 votos sobre 15 para aprobarla. Si el Ejecutivo veta, harán falta 10 votos para insistir y dejar firme la derogación.

El gobernador oficializó el llamado a elecciones para avanzar con la reforma constitucional en Tierra del Fuego. El proceso completo demandaría más de $8.000 millones. “Cada fueguino va a elegir quiénes escribirán la Constitución”, sostuvo.

La legisladora provincial Victoria Vuoto cuestionó el avance del llamado a la reforma constitucional y pidió que el gobernador Gustavo Melella evalúe el contexto social y económico antes de convocar a la Convención. También advirtió por el costo del proceso, estimado en $8.000 millones, mientras la provincia atraviesa reclamos urgentes en salud, educación, OSEF, empleo, coparticipación y servicios básicos.