ShelknamsurLa ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, respaldó la posibilidad de cobrar la atención sanitaria a extranjeros que no residan en el país y tengan capacidad para afrontar el costo, aunque aclaró que en la provincia ese mecanismo funciona desde hace tiempo.
Según explicó, la mayoría de los extranjeros que llegan a los hospitales fueguinos son turistas y cuentan con seguros de viaje. En una emergencia, aclaró, la atención se brinda primero y luego se intenta recuperar el costo de la prestación. La situación se registra principalmente en Ushuaia por el movimiento turístico y por accidentes vinculados a actividades de invierno y verano.
Pero los números expuestos por la propia ministra relativizan cuánto representa esa recaudación para las cuentas del sistema sanitario.
Durante el último verano, el Hospital Regional Ushuaia recuperó aproximadamente $300 millones provenientes de seguros de extranjeros. En contraste, el establecimiento demanda entre $800 millones y $1.000 millones mensuales solamente para la compra de insumos.
Di Giglio agregó otro dato todavía más significativo: actualmente existen entre 50.000 y 55.000 fueguinos sin cobertura social, que dependen directamente de los hospitales públicos. Es decir, el problema financiero de fondo está mucho más relacionado con la cantidad de residentes que necesitan del sistema estatal que con las consultas realizadas por turistas extranjeros.
A eso se suma la situación de unas 1.200 personas que cobran pensiones nacionales pero no tienen obra social, cuyos tratamientos debe afrontar la Provincia. Según Di Giglio, Nación aporta a través del programa Incluir Salud una cápita de apenas $600 mensuales por persona, pese a que muchos de esos pacientes necesitan medicamentos, cuidadores y tratamientos de alto costo.
El cobro a los extranjeros puede servir para recuperar parte de los recursos utilizados y evitar que el Estado provincial absorba gastos que pueden ser cubiertos por seguros privados. Pero los propios números oficiales muestran dónde está la discusión más profunda: cómo sostener un sistema público del que dependen decenas de miles de fueguinos y que enfrenta costos mensuales cada vez mayores.
