El proyecto contempla gastos por $2,74 billones, recursos por $2,60 billones y un déficit de $137.955,8 millones. A esto se suma una caída real de la recaudación del 11,7% entre enero y septiembre de 2026, que según las estimaciones oficiales alcanzaría el 13,4% al cierre del año.
Después de casi siete años de gestión, atribuir las dificultades económicas exclusivamente a las decisiones del Gobierno nacional resulta una explicación insuficiente. La caída de los ingresos tiene consecuencias concretas, pero también corresponde revisar cómo se administraron los recursos públicos y cuáles fueron las prioridades del Ejecutivo provincial.
La situación podría agravarse en marzo de 2027, cuando comiencen las negociaciones salariales, se inicie el ciclo lectivo y los gremios reclamen nuevas recomposiciones. El presupuesto no contempla inicialmente incrementos para compensar la inflación prevista, mientras el Gobierno deberá afrontar esas demandas en pleno año electoral y con dificultades para financiar sus compromisos.
El proyecto también establece restricciones para cubrir vacantes, retiros voluntarios y eliminación de los cargos liberados mediante ese mecanismo. Son medidas que deberán analizarse junto con las necesidades de personal y el funcionamiento de los servicios públicos.
En un país federal existen responsabilidades que no pueden trasladarse de una jurisdicción a otra según la conveniencia política. Nadie desconoce las obligaciones del Gobierno nacional, pero la educación pública provincial y el funcionamiento del sistema sanitario fueguino son responsabilidades centrales de la administración provincial.
Hubiese sido oportuno que algunos funcionarios repasaran el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece las bases de la organización institucional de las provincias y exige asegurar, entre otras cuestiones, la educación primaria. La responsabilidad provincial sobre sus escuelas y hospitales no desaparece por las diferencias políticas o económicas con la Nación.
El federalismo no consiste solamente en reclamar fondos a Buenos Aires. También implica administrar los recursos propios, establecer prioridades y responder por las decisiones tomadas. Después de casi siete años, el Ejecutivo debe explicar no solamente lo que dejó de recibir, sino también qué hizo con el dinero que tuvo a su disposición.
El problema tampoco termina en diciembre de 2027. La próxima administración deberá afrontar los compromisos financieros que permanezcan vigentes y las demandas salariales pendientes. El déficit proyectado no equivale automáticamente a deuda heredada, pero obliga a conocer en qué condiciones quedarán las cuentas provinciales.
Las responsabilidades nacionales deben discutirse, pero no pueden convertirse en una explicación permanente de los problemas propios. Gobernar también significa hacerse cargo de los resultados, especialmente cuando se ha tenido casi ocho años para administrar una provincia.
