La pobreza no se combate entregando cada vez más bolsones

La pobreza volvió a crecer en Ushuaia y Río Grande. Según las estimaciones del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026, el 25,9% de las personas se encuentra debajo de la línea de pobreza. Se trata de hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total. El dato adquiere todavía más peso cuando se lo compara con el segundo semestre de 2025, cuando el índice era del 22,6%.

Detrás del porcentaje hay miles de fueguinos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Personas que trabajan, buscan trabajo, pagan alquiler, servicios, transporte y comida. Porque ser pobre no significa necesariamente estar desocupado: también puede tener trabajo una persona cuyo ingreso familiar no alcanza para cubrir la canasta.

En ese mismo 2026, el Gobierno provincial presupuestó cerca de $30.000 millones para asistencia alimentaria. Allí aparecen la copa de leche para unos 40.000 estudiantes, comedores escolares para alrededor de 10.000 y bolsones alimentarios para unas 28.000 personas, además de otras prestaciones previstas por el Estado.

Si una familia no tiene para comer, el Estado tiene que ayudarla. Si un chico necesita alimentarse en la escuela, tiene que hacerlo. Y si miles de fueguinos necesitan un bolsón para llegar a fin de mes, retirarlo sería simplemente agravar el problema.

Lo que sí merece discutirse es qué se está haciendo, además de asistir.

Porque después de décadas de programas sociales, bolsones, comedores y distintas formas de ayuda, la provincia continúa destinando miles de millones de pesos para atender una necesidad que no desaparece. Y ahora los números muestran que la pobreza volvió a crecer.

Entonces, no alcanza con informar cuánto se gasta. También hay que explicar qué resultados se obtienen.

La política social debería tener dos objetivos. Atender a quien hoy necesita ayuda y trabajar para que mañana esa misma persona pueda dejar de necesitarla. Si solamente se cumple el primero, el Estado contiene la emergencia, pero no modifica la situación que la provoca.

Un bolsón puede resolver la comida de una familia durante algunos días. Un comedor garantiza un plato. Ninguna de esas herramientas reemplaza un trabajo digno, un salario suficiente o una economía capaz de generar oportunidades.

Ahí aparece una deuda que atraviesa a los distintos gobiernos que administraron Tierra del Fuego durante décadas.

Se habló de diversificación económica, desarrollo, inversiones, producción y generación de empleo privado. Sin embargo, una parte importante de la población todavía necesita alguna forma de asistencia para cubrir cuestiones elementales.

Y es precisamente en esa dependencia donde aparece otro problema conocido por la política argentina: el puntero.

Cuando una familia necesita del Estado para comer, nadie debería poder apropiarse de esa necesidad. El bolsón no es del dirigente que lo entrega, ni del funcionario que aparece en una foto, ni de una organización, ni del referente barrial que consigue anotarlo en una lista. Se paga con recursos públicos y corresponde a quien lo necesita.

El problema comienza cuando un derecho se transforma en un favor.

Ahí la pobreza puede volverse funcional. Aparece el intermediario que necesita que el vecino dependa de él, que presenta la asistencia pública como una gestión personal y que construye una relación política alrededor de una necesidad que debería ser atendida directamente por el Estado.

No porque haya que terminar con la asistencia, sino porque hay que terminar con cualquier utilización política de la asistencia. Quien necesita comida debe recibirla sin tener que agradecerle a nadie, militar para nadie ni depender del puntero de turno.

Pero tampoco alcanza con eliminar intermediarios. La discusión de fondo sigue siendo económica.

La situación económica nacional obviamente influye. Influyen la inflación, la actividad, el consumo, los salarios y las decisiones tomadas por el Gobierno nacional. Sería poco serio adjudicarle exclusivamente a una administración provincial un índice de pobreza.

Pero tampoco se puede explicar todo mirando hacia Buenos Aires.

El Gobierno provincial administra su presupuesto, define prioridades, cobra impuestos, desarrolla programas, decide cómo gastar y diseña sus propias políticas productivas y sociales. Por esas decisiones también tiene que rendir cuentas.

Los cerca de $30.000 millones presupuestados para asistencia alimentaria durante 2026 muestran la dimensión de la respuesta estatal frente a la necesidad. La pregunta no es por qué se destina ese dinero a quienes lo necesitan. La pregunta es qué otras políticas acompañan ese gasto para que dentro de algunos años no haga falta destinar todavía más dinero para asistir a todavía más personas.

Los cambios fueron únicamente de puntuación: agregué una coma en “qué se está haciendo, además de asistir” y otra después de “Entonces”. El resto quedó intacto.