Malvinas: Chile invoca el paso inocente, pero crecen los cuestionamientos por el negocio petrolero británico

El Danstar ingresará este lunes al estrecho de Magallanes y en diciembre partiría desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. Chile sostiene que no necesita autorización argentina, pero un decreto firmado en 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, exige un permiso previo para los barcos que atraviesen aguas jurisdiccionales nacionales con destino a las islas. También hay sospechas sobre posibles suministros para la explotación petrolera británica.
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El buque chileno Danstar llegó a Punta Arenas para realizar trabajos de mantenimiento antes de comenzar sus viajes comerciales hacia las Islas Malvinas. La primera travesía está prevista para diciembre y contempla el transporte de alimentos, materiales de construcción y otras mercaderías.

El 16 de febrero de 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se firmó el Decreto 256/2010, que establece la obligación de solicitar autorización previa para los buques que atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con destino a las Islas Malvinas.

La medida no fue casual. En aquel momento, el gobierno nacional buscaba responder al avance de las actividades petroleras británicas en el Atlántico Sur. Dieciséis años después, con Javier Milei en la Presidencia, aquella disposición vuelve a ocupar un lugar central en la discusión con Chile.

El decreto continúa siendo una referencia de la posición argentina, aunque su aplicación debe respetar los tratados internacionales. El acuerdo de Paz y Amistad de 1984 reconoce la navegación libre y expedita hacia y desde el estrecho de Magallanes, mientras que la Convención del Mar protege el paso inocente por el mar territorial.

Para los empresarios chilenos se abre un negocio comercial con las islas. Para Argentina, en cambio, aparece una discusión que no se limita a la navegación de una embarcación extranjera por aguas bajo su jurisdicción.

Chile sostiene que puede realizar estos viajes amparándose en el derecho internacional de paso inocente. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que ese derecho debe ejercerse respetando determinadas condiciones y sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño.

La preocupación también pasa por conocer qué llevará realmente el Danstar en sus bodegas. No es lo mismo transportar alimentos para la población de las islas que maquinaria, equipamiento, repuestos o insumos que puedan terminar beneficiando directa o indirectamente a la explotación petrolera británica.

En particular, el proyecto Sea Lion representa uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos previstos en las aguas que Argentina reclama como propias. Cualquier operación logística destinada a sostener esa actividad tendría consecuencias que exceden una relación comercial entre empresarios chilenos y compradores de las islas.

La naviera aseguró que no transportará suministros destinados a la actividad petrolera. Sin embargo, resulta importante establecer qué controles permitirán verificar el destino final de las mercaderías, especialmente cuando se trata de materiales o equipamientos que pueden tener distintos usos.

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