
El Gobierno nacional denunciará a cinco empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas
ShelknamsurEl Gobierno nacional avanzará con una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas, en el marco de la ofensiva anunciada por la administración de Javier Milei frente al desarrollo petrolero que impulsa el Reino Unido en el Atlántico Sur.
La presentación será realizada ante la Cámara Federal porteña por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y estará sustentada en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según la información oficial conocida este lunes, al menos tres de esas firmas habrían recibido autorizaciones británicas para desarrollar tareas vinculadas con la búsqueda y extracción de hidrocarburos en áreas sobre las que la Argentina mantiene su reclamo de soberanía.
La denuncia no estará dirigida únicamente contra las sociedades comerciales. El Gobierno nacional anticipó que también podrán quedar comprendidos directores, gerentes, administradores, representantes y otras autoridades que hayan tenido participación en las operaciones investigadas.
La decisión tiene como telón de fondo el avance de Sea Lion, el principal proyecto petrolero en desarrollo en aguas próximas a las Islas Malvinas. El emprendimiento es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
El yacimiento está ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas. Las propias compañías mantienen como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028 y Navitas actualmente señala marzo de ese año como fecha prevista para obtener el primer petróleo.
Sea Lion ya superó una de sus principales etapas después de que Navitas y Rockhopper adoptaran a fines de 2025 la decisión final de inversión para comenzar su desarrollo. Desde entonces avanzaron contratos, trabajos de infraestructura y preparativos para iniciar la perforación de los primeros pozos durante 2027.
La Argentina desconoce las licencias otorgadas por las autoridades británicas y sostiene que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales en la zona carece de autorización nacional y se desarrolla dentro de un territorio sometido a una disputa de soberanía reconocida internacionalmente.
La presentación penal se suma al procedimiento sancionatorio anunciado días atrás por la Cancillería contra 45 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Ese proceso incluye no solamente a empresas directamente involucradas en la explotación, sino también a accionistas y compañías proveedoras de servicios.
El anuncio también quedó vinculado con otra decisión adoptada por Milei respecto del Atlántico Sur. El Presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.
El Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.
La ofensiva judicial argentina se produce, de esta manera, mientras Sea Lion continúa avanzando hacia su etapa de producción. Navitas informó recientemente que la primera fase mantiene su cronograma para 2028 y que analiza incluso acelerar nuevas etapas del desarrollo mediante infraestructura adicional.
El conflicto vuelve así a trasladarse del terreno diplomático al económico y judicial: mientras las compañías avanzan con inversiones y contratos para comenzar a extraer petróleo, el Gobierno nacional busca alcanzar con sanciones y acciones penales a quienes participen de operaciones que la Argentina considera realizadas sin autorización sobre recursos pertenecientes a su plataforma continental.


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