ShelknamsurSLB —la antigua Schlumberger— es una de las mayores compañías de servicios para la industria del petróleo y el gas del mundo. A diferencia de empresas como Rockhopper Exploration o Navitas Petroleum, no necesariamente es propietaria de los yacimientos que se explotan: su negocio consiste en proporcionar a las petroleras tecnología, ingeniería, perforación, evaluación de pozos y distintos servicios técnicos necesarios para encontrar y extraer hidrocarburos.
Se trata, por lo tanto, de uno de los grandes proveedores internacionales que hacen posible técnicamente el desarrollo de proyectos petroleros en distintas partes del mundo.
La compañía, con sede principal en Estados Unidos y presencia internacional, confirmó que no participará de ninguna actividad hidrocarburífera en Malvinas, luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional.
Según informó La Nación, SLB fundamentó su posición en las disposiciones establecidas por el Decreto 868/26, publicado por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.
La normativa endurece las consecuencias para quienes realicen actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina. También incorpora exigencias para las compañías que pretendan acceder a beneficios del RIGI o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones en el país.
La decisión cobra especial importancia mientras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum avanzan con Sea Lion, el proyecto destinado a desarrollar una explotación petrolera al norte de las Islas Malvinas.
Y allí aparece una diferencia importante: Rockhopper y Navitas son las compañías vinculadas directamente al desarrollo de Sea Lion, mientras que empresas como SLB forman parte del universo de grandes proveedores internacionales capaces de aportar la tecnología y los servicios especializados que requiere una operación de semejante escala.
Por eso, el anuncio constituye una señal hacia toda la cadena petrolera internacional: una empresa puede no tener una licencia sobre Malvinas y, aun así, quedar alcanzada por la política argentina si presta servicios para una explotación que el país considera ilegal.
