La demanda presentada esta semana contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el desarrollo petrolero Sea Lion tiene detrás una historia bastante más larga que la demanda que acaba de ingresar al Juzgado Federal de Río Grande.
Rockhopper está vinculada a la exploración petrolera en aguas próximas a las Islas Malvinas desde 2004. La propia compañía británica reconoce que opera en la zona desde aquel año y que fue ella la que descubrió el yacimiento Sea Lion en 2010, durante una campaña de perforaciones en la Cuenca Malvinas Norte.
La Argentina ya había reaccionado formalmente mucho antes de la actual presentación judicial. En mayo de 2012, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades realizadas por Rockhopper en la plataforma continental argentina. Un año después, mediante la Resolución 476/2013, la empresa fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en la República Argentina por realizar operaciones hidrocarburíferas en zonas próximas a Malvinas sin autorización de las autoridades nacionales.
Incluso la AFIP había intimado a la petrolera en 2012 después de que Cancillería informara oficialmente que realizaba tareas de exploración con vistas a la explotación de hidrocarburos en aguas que la Argentina considera parte de su plataforma continental.
El negocio cambió de manos varias veces, pero nunca desapareció. En 2012 Rockhopper cedió parte de Sea Lion a Premier Oil. Una década después apareció Navitas Petroleum. La compañía israelí completó en septiembre de 2022 la adquisición del 65% de los derechos sobre el proyecto y pasó a convertirse en su operadora. Rockhopper conservó el 35%.
Hoy Sea Lion dejó de ser solamente una exploración. Navitas informa que el proyecto alcanzó la decisión final de inversión, que cuenta con las aprobaciones y el financiamiento previstos por el esquema británico y que la primera producción de petróleo está programada para marzo de 2028. El desarrollo contempla 23 pozos submarinos en distintas etapas y una producción proyectada durante más de 30 años.
Es sobre ese escenario que la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata recurrieron ahora a la Justicia Federal de Río Grande. La presentación sostiene que las compañías avanzan sin evaluación de impacto ambiental ni autorización de las autoridades argentinas y reclama la suspensión de las obras, del financiamiento y de las actividades vinculadas con Sea Lion.
Fuera del la demanda aparece una relación empresaria que también merece ser conocida. En 2007, BHP Billiton ingresó a la exploración de petróleo y gas alrededor de Malvinas junto a Falkland Oil and Gas Limited, FOGL. La compañía llegó a controlar el 51% de aquellas licencias y quedó a cargo de la operación.
BHP se retiró en 2011. No fue socia de Rockhopper ni participa actualmente de Sea Lion. El vínculo aparece después: cinco años más tarde, en 2016, Rockhopper absorbió a FOGL y pasó a incorporar los activos que esa compañía mantenía alrededor de las Islas.
La diferencia de tiempos y sociedades es importante. No hay elementos para atribuir a BHP responsabilidad en el actual proyecto Sea Lion. Pero el recorrido empresario existe y permite observar qué ocurrió después con uno de aquellos grandes jugadores.
Hoy BHP tiene una inversión multimillonaria en la Argentina continental. Desde 2025 comparte en partes iguales con Lundin Mining el control de Vicuña Corp., sociedad que reúne Filo del Sol y Josemaría, dos de los principales proyectos de cobre del distrito minero vinculado a San Juan. Para ingresar a la operación, BHP desembolsó alrededor de US$2.000 millones.
Es una realidad que la Argentina necesita inversiones para desarrollar recursos que requieren miles de millones de dólares y años de infraestructura. Pero abrir el país al capital extranjero no debería impedir conocer con precisión quién invierte, bajo qué sociedad lo hace y cuáles fueron sus antecedentes.
Ese es el punto que podría sumarse a la discusión iniciada en Río Grande.
Si la Justicia busca saber quién financia la explotación petrolera alrededor de Malvinas, también sería razonable conocer qué vínculos económicos mantienen en la Argentina continental los grandes grupos que aparecen en esa historia.
BHP estuvo en Malvinas entre 2007 y 2011. Su entonces socia FOGL terminó años después en manos de Rockhopper. Hoy el grupo tiene US$2.000 millones comprometidos en una operación minera de enorme escala vinculada a San Juan.
