El alto costo de los vehículos en Tierra del Fuego impulsa un mercado paralelo con unidades de historial incierto

He revisado vehículos a la venta en Ushuaia que tenían tratamiento anticorrosivo cosmético en el piso y los largueros aplicado con una prolijidad que solo se entiende cuando se levanta la capa de producto y se encuentran perforaciones incipientes en la chapa estructural, daño que en Tierra del Fuego avanza más rápido que en cualquier otra provincia argentina porque la sal de la Ruta 3, las temperaturas bajo cero sostenidas durante meses y la humedad costera atacan el metal de maneras que los talleres locales conocen bien y saben disimular. El parque automotor de la provincia es pequeño, la rotación es baja, y los vehículos que los residentes ponen a la venta acumulan desgaste en condiciones de ruta patagónica que un comprador que solo conoce el asfalto del continente no necesariamente puede evaluar. La verificación policial del automotor que la DNRPA exige para las transferencias constata que el VIN, el número de motor y el de chasis coincidan con la documentación, y ese control funciona para lo que fue diseñado, pero no incluye evaluación de integridad estructural, no busca indicios de corrosión bajo tratamientos superficiales, y la provincia no tiene una VTV obligatoria propia que alimente una base de datos de estado mecánico donde las lecturas de odómetro y las observaciones de inspección pudieran quedar registradas y ser consultables en transferencias futuras. Un vehículo con estructura comprometida por corrosión severa pasa la verificación policial sin inconveniente si los números de identificación están en regla, y el comprador que no paga un peritaje mecánico independiente antes de la operación no tiene cómo saber lo que hay debajo del sellador.

La otra fuente de unidades usadas en la provincia son los vehículos que llegan del continente, trasladados desde Buenos Aires, Córdoba o el litoral por intermediarios o particulares que los revenden en Ushuaia y Río Grande con un margen que refleja la escasez local y el sobrecosto de traslado. Un especialista en prevención de fraude de vinnumber.net/es indicó que ese diferencial de precio convierte a las provincias con mercados pequeños y caros en destino natural para unidades que en jurisdicciones de mayor volumen serían difíciles de colocar al precio completo de mercado por su historial de siniestros o por un desgaste mecánico que el odómetro no refleja, y que el fenómeno se agrava cuando la economía local se contrae y los compradores aceptan condiciones de operación más informales porque el precio es determinante, aunque matizó que las proporciones exactas son difíciles de cuantificar en una provincia donde el volumen total de transferencias anuales es bajo y las muestras estadísticas son pequeñas. Los vehículos que llegan del continente traen su título del automotor y la cédula verde, que acreditan titularidad y ausencia de gravámenes si el comprador solicitó el certificado de estado de dominio, pero que no contienen datos de siniestros previos, historiales de reparación ni registros de odómetro anteriores a la última transferencia. El informe de historial vehicular que consolidaría esa información no existe como producto integrado en el sistema argentino, y en Tierra del Fuego la distancia al Registro Seccional de origen agrega días de demora incluso para los trámites más básicos, lo que desincentiva aún más la verificación en operaciones que ambas partes quieren cerrar rápido.

Fundar calculó que el costo fiscal total del régimen de Tierra del Fuego asciende a 1070 millones de dólares anuales, equivalentes al 0.22% del PBI nacional, y la discusión pública sobre el futuro de la provincia gira íntegramente alrededor de si las plantas electrónicas pueden sobrevivir sin aranceles protectores y cómo diversificar una estructura productiva donde dos grupos económicos concentran más del 50% de las ventas. El mercado de vehículos usados donde los trabajadores de esas plantas compran los autos que usan todos los días no forma parte de esa conversación. Los Registros Seccionales de Ushuaia y Río Grande operan con la misma plataforma RUNA y los mismos campos de información que cualquier registro de Buenos Aires o Santa Fe, que es decir con datos de titularidad, gravámenes y estatus de robo, y la verificación de VIN en el momento de la transferencia sigue siendo el único filtro formal que separa una operación con documentación completa de una venta informal con acuerdo privado y formulario 08 que nunca se inscribe.