ShelknamsurLa discusión volvió al centro de la escena, pero ya no solo por el volumen institucional del proyecto. Esta vez, el foco quedó puesto sobre uno de los artículos incluidos en la Ley 1529: el 71 de la Constitución fueguina, la cláusula que prohíbe de manera expresa la creación de bonos y otros títulos que tengan como objeto reemplazar la moneda de curso legal.
No es un dato más. La ley que declaró necesaria la reforma parcial abrió la posibilidad de modificar 70 artículos del texto constitucional, y entre ellos quedó incorporado precisamente el que hoy funciona como un semáforo en rojo frente a cualquier intento de avanzar sobre mecanismos similares a una cuasimoneda.
La redacción vigente del artículo 71 no deja un gris para debatir interpretaciones: en la provincia está vedada “la creación de bonos y otros títulos públicos o privados que tengan como objeto el reemplazo de la moneda de curso legal”. Mientras esa cláusula siga en pie, el límite es directo. Si una futura Convención Constituyente resolviera atenuarla, modificarla o eliminarla, esa barrera dejaría de existir en los términos actuales.
Ahí es donde la discusión jurídica se transforma en un problema político de primera línea. Porque la reforma, por sí sola, no pondría una cuasimoneda en la calle. Pero sí podría despejar la prohibición constitucional que hoy lo impide. Y en una provincia atravesada por tensiones fiscales, reclamos cruzados por fondos y dificultades para sostener la caja, ese cambio deja de ser abstracto.
El volumen del proyecto también alimenta la controversia. La Ley 1529 no habilitó una corrección puntual ni una actualización acotada: abrió la puerta a una revisión de gran escala sobre el texto de 1991. En ese paquete conviven artículos de diseño institucional con otros de fuerte impacto político. Pero el 71, por el contexto y por lo que simboliza, sobresale como uno de los más sensibles.
La discusión se vuelve todavía más áspera cuando se la contrasta con los números sociales. El último informe del INDEC ubicó la pobreza en 22,6% para el conglomerado Ushuaia-Río Grande, con 41.436 personas por debajo de esa línea.
Sobre ese cuadro corre, además, el calendario. En el debate público fueguino, el 8 de mayo aparece como la fecha límite para que el Ejecutivo avance con la convocatoria. Dicho de otro modo: a partir de hoy, el Gobierno tiene 30 días exactos para mover una ficha decisiva. Si no lo hace, la reforma que el oficialismo presentó como una necesidad histórica quedará atrapada por su propio reloj político.
