ShelknamsurEl Gobierno de Tierra del Fuego decidió modificar el esquema de subsidios al gas licuado de petróleo en un momento de fuerte deterioro fiscal. La medida fue presentada como un reordenamiento para sostener la asistencia, pero llega después de que el propio ministro de Economía, Alejandro Barrozo, expusiera en la Legislatura que la Provincia arrastra un déficit operativo mensual de $27.627 millones, además de una deuda flotante de $127.709 millones y un rojo total que trepa a $226.168 millones.
En ese contexto, la explicación oficial gira alrededor de un argumento conocido: la Nación mantiene congelado su aporte y la Provincia tuvo que ampliar de manera creciente su participación para evitar el derrumbe del sistema. De acuerdo con los datos difundidos por medios fueguinos y por el propio esquema oficial, el Estado nacional sostiene un aporte fijo de $199 por kilo desde enero de 2024, mientras la Provincia fue ampliando su cobertura hasta absorber cerca del 90% del costo del gas envasado.
Pero la novedad es otra. Para abril, el Gobierno prevé una mayor participación de los usuarios, que pasarán a pagar alrededor de $120 por kilo, cuando hasta hace poco abonaban valores inferiores dentro del esquema subsidiado. El cambio podrá ser presentado como segmentación, focalización o depuración del padrón. Sin embargo, en términos políticos y sociales, el resultado es más directo: el déficit comenzó a trasladarse al bolsillo de los fueguinos.
La administración provincial sostiene que la prioridad seguirá puesta en los sectores más vulnerables y que la revisión apunta también a excluir casos ajenos al espíritu del beneficio, como viviendas de uso temporal o situaciones patrimoniales incompatibles con un subsidio pleno. El problema es que, aun si ese criterio fuera razonable en algunos casos, la señal de fondo no cambia: en una provincia donde calefaccionarse no es un consumo opcional, el primer recorte efectivo aparece sobre un gasto básico.
Los números del programa también muestran la dimensión del tema. A comienzos de este año se informó que el subsidio alcanzaba a cerca de 5.894 personas, con mayor concentración en Ushuaia, seguida por Río Grande y Tolhuin. Eso confirma que no se trata de un esquema marginal ni de un beneficio residual, sino de una política central para miles de hogares que no tienen red de gas y dependen del GLP para atravesar el año.
En ese marco, el discurso de la “sostenibilidad” empieza a sonar menos técnico y más político. Porque cuando una administración reconoce un déficit mensual superior a los $27.000 millones y, casi al mismo tiempo, decide aumentar la porción que deben pagar los usuarios de gas envasado, lo que queda a la vista es una decisión concreta sobre dónde descargar la crisis. No sobre la estructura del Estado. No sobre la política. Sobre la gente.
La discusión de fondo, entonces, ya no pasa solamente por cómo se financia el subsidio, sino por quién termina soportando el costo del desorden fiscal. Y en Tierra del Fuego, donde el frío aprieta mucho antes de junio y donde el gas forma parte de la vida cotidiana durante todo el año, ajustar por ahí no es una decisión neutra. Es, probablemente, la más sencilla de tomar desde un escritorio y la más difícil de absorber para miles de familias.
