Shelknamsur
La norma es clara en su espíritu, aunque deliberadamente precisa en su letra. La Provincia puede administrar el puerto, ordenar su funcionamiento y explotar sus recursos, pero no puede correrse del sistema de controles que el propio Estado nacional se reserva para sí. Seguridad de la navegación, policía portuaria y control del comercio exterior no aparecen allí como formalidades burocráticas, sino como funciones estratégicas que definen el carácter federal del sistema portuario.
El artículo 21, leído en clave política, opera como una advertencia anticipada: la autonomía no es sinónimo de ausencia de control, y la descentralización no equivale a la desresponsabilización. Cuando la gestión provincial deja de garantizar condiciones mínimas de seguridad e infraestructura, el control federal no irrumpe como un acto de fuerza, sino como la consecuencia lógica de un diseño institucional que prevé ese escenario.
En el caso del Puerto de Ushuaia, el deterioro sostenido del muelle, la falta de mantenimiento estructural y la acumulación de advertencias técnicas ignoradas durante años transformaron esa cláusula legal en una realidad concreta. No fue la Nación la que forzó el límite: fue la propia gestión provincial la que lo fue empujando, al permitir que la desinversión se naturalizara y que los riesgos operativos se volvieran parte del paisaje.
La discusión, entonces, no es si el artículo 21 habilita o no la intervención. Lo hace. El verdadero interrogante es por qué fue necesario llegar hasta ese punto. Qué tipo de administración provincial entiende que puede sostener un puerto estratégico sin reinvertir sistemáticamente sus recursos, sin responder a alertas técnicas reiteradas y sin asumir que la seguridad de la navegación no es una variable negociable.
