ShelknamsurEl Gobierno provincial decidió presentar la reforma constitucional como si fuera una cruzada contra el gasto político. El encargado de ponerle letra al argumento fue el jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien sostuvo que Tierra del Fuego necesita “dar el debate para darle un cierre al crecimiento del gasto de la política”. La frase, en abstracto, puede sonar razonable. El problema aparece cuando se la cruza con los números del propio Estado que administra Gustavo Melella.
Porque si el objetivo es cerrar el crecimiento del gasto político, el camino elegido resulta, como mínimo, curioso: convocar a una elección de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, abrir una nueva campaña, movilizar estructuras partidarias y poner en marcha una reforma parcial de la Constitución que antes de generar un solo ahorro ya suma un costo millonario al calendario provincial.
La imagen se explica sola: una dieta institucional donde el Estado primero engorda, después pide turno con el nutricionista y recién al final promete bajar de peso. En este caso, el régimen llegaría después de una reforma constitucional presentada como remedio para un problema que el propio Gobierno pudo empezar a corregir sin tocar una coma de la Carta Magna.
Por eso, cuando el oficialismo habla de ordenar el Estado, la discusión vuelve como un búmeran. Si había que achicar estructuras, revisar designaciones, reducir áreas duplicadas o ponerle límite al gasto político, el Gobierno tenía herramientas para hacerlo antes. No necesitaba una Convención Constituyente para empezar por su propio organigrama.
El punto no es menor. La reforma fue presentada como una mirada de futuro, pensada para los próximos 30 o 40 años. Pero en Tierra del Fuego el presente pesa más que cualquier promesa institucional: salud tensionada, OSEF en crisis, salarios que pierden poder adquisitivo, municipios reclamando recursos, jubilados con incertidumbre y servicios públicos que no siempre responden como deberían.
En ese contexto, la convocatoria aparece con una contradicción difícil de esconder. El Gobierno dice que quiere terminar con el crecimiento del gasto político, pero suma una elección. Dice que quiere ordenar el Estado, pero llega al debate después de años de expansión de la planta. Dice que busca eficiencia, pero propone gastar ahora para prometer ahorro después.
La paradoja es demasiado visible. Para Melella, la urgencia parece ser cambiar la Constitución. Para buena parte de la sociedad, en cambio, la urgencia pasa por cuestiones menos solemnes: que funcionen los hospitales, que la obra social responda, que los salarios alcancen, que los municipios reciban los fondos y que el Estado deje de pedir paciencia mientras sigue aumentando su propio peso.
