Shelknamsur
El secretario Legal del Ejecutivo, Emiliano Fossatto, salió a marcar posición tras la actuación de la Unidad Fiscal Ushuaia, dependiente del Ministerio Público Fiscal, subrayando que la causa “continúa plenamente en trámite” y que no existe aún una resolución judicial sobre el fondo ni sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia. El planteo es formalmente correcto, pero deja al descubierto un escenario de indefinición que el propio Gobierno contribuye a prolongar.
Al insistir en que el dictamen fiscal “no tiene carácter decisorio” y que se trata de un acto procesal propio del expediente, la administración provincial busca relativizar un pronunciamiento que, aunque no resuelve la cuestión de fondo, sí marca los tiempos y condiciona la estrategia judicial. En ese marco, el énfasis puesto en la inexistencia de una resolución favorable funciona más como una aclaración defensiva que como una señal de solidez jurídica.
El funcionario remarcó que la discusión se encuentra actualmente circunscripta a la competencia del tribunal, una instancia previa que debe resolverse antes de avanzar sobre la cautelar o la constitucionalidad de la intervención. Sin embargo, esa explicación técnica convive con una narrativa política más amplia, en la que el Gobierno provincial afirma que “agotará todas las instancias judiciales disponibles” en defensa de la autonomía y de los recursos provinciales, sin precisar plazos ni escenarios posibles.
La decisión de la Unidad Fiscal de dar intervención al Fiscal de Estado, para que se expida sobre la competencia y las facultades del Gobernador, también fue presentada como una confirmación de que el proceso sigue abierto. No obstante, esa misma circunstancia refuerza la idea de que el expediente aún transita una etapa preliminar, lejos de ofrecer definiciones concretas en un conflicto que tiene alto impacto institucional y económico.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la intervención dispuesta por el Gobierno nacional vulnera la autonomía provincial y el sistema federal, una posición que el oficialismo asegura cuenta con respaldo sindical, evidenciado en la movilización frente al Puerto de Ushuaia. Sin embargo, ese apoyo no sustituye la necesidad de una estrategia jurídica eficaz ni despeja las dudas sobre la viabilidad real del planteo.
