ShelknamsurEl legislador provincial Jorge Lechman cuestionó al oficialismo fueguino luego de que la jueza Electoral Mariel Zanini declarara la nulidad del Decreto Provincial N° 0751/26, firmado por el gobernador Gustavo Melella, para convocar a elecciones de convencionales constituyentes.
Para el parlamentario de Somos Fueguinos, la reacción del Gobierno expone una doble vara frente al Poder Judicial: cuando una resolución acompaña sus intereses, la presenta como ejemplo de institucionalidad; cuando una sentencia no convalida su posición jurídica, la convierte en operación política.
“Si la Justicia acompaña, es institucionalidad; si controla, es operación política. Ese parece ser el criterio del oficialismo. Cuando el fallo les resulta favorable, hablan de respeto a los poderes. Cuando una resolución no acompaña sus pretensiones, salen a desacreditar al Poder Judicial”, afirmó.
Tras conocerse el fallo, las declaraciones del oficialismo volvieron a mostrar una lectura selectiva de la institucionalidad. “El Gobierno no puede elegir cuándo respeta a la Justicia y cuándo la descalifica. En una República, las decisiones judiciales se acatan o se recurren por las vías correspondientes. Lo que no corresponde es atacar al Poder Judicial cada vez que una resolución no coincide con el interés político del Gobierno”, planteó.
Lechman trazó además una diferencia con su propio accionar frente a decisiones adversas. Recordó que, cuando el Superior Tribunal de Justicia habilitó la continuidad del proceso de reforma constitucional, recurrió a la Corte Suprema por las vías previstas por la ley, sin atacar a los jueces ni convertir el pronunciamiento en una operación política.
“Podía no compartir el criterio, por eso fui a la Corte. Pero jamás se me cruzó desacreditar al Poder Judicial por haber resuelto en otro sentido. Eso sería una irresponsabilidad institucional”, sostuvo.
El legislador también recordó que, en causas públicas sensibles, como la denuncia iniciada en 2018 contra Melella por presunto abuso sexual y luego archivada por decisión judicial, el oficialismo no habló de jueces políticos, fallos sospechosos ni justicia condicionada.
“Cuando la Justicia resuelve en un sentido que les sirve, el fallo es institucional. Cuando una jueza electoral aplica un criterio que no acompaña sus planteos, entonces intentan instalar que se trata de una operación política. Esa doble vara es evidente”, expresó.
El parlamentario remarcó que el respeto a las instituciones no puede quedar atado al resultado de una sentencia. “La independencia judicial se respeta siempre, no solamente cuando el fallo resulta cómodo para el Gobierno. Si una resolución favorece al oficialismo, la presentan como ejemplar; si una decisión lo controla, la convierten en sospechosa. Así no funciona un sistema democrático”, indicó.
También cuestionó el intento de presentar la discusión como una disputa entre quienes quieren reformar la Constitución y quienes buscan defender privilegios. A su entender, ese argumento corre el eje del debate y evita una discusión más incómoda: la provincia atraviesa una crisis fiscal, los municipios reclaman recursos, los trabajadores pierden poder adquisitivo y la reforma constitucional implicaba un gasto millonario sin atender las urgencias concretas de los fueguinos.
“Hablan de privilegios para no hablar de lo esencial. Tierra del Fuego tiene problemas reales que no se resuelven con una elección de convencionales. La prioridad no era abrir un proceso costoso y apurado, sino ordenar la provincia, garantizar recursos, cuidar los salarios y respetar las instituciones”, remarcó.
Para Lechman, la decisión de Zanini volvió a poner en primer plano una cuestión central: ningún gobierno puede pretender que el Poder Judicial funcione como una instancia de validación automática de sus actos.
“La Justicia no está para acompañar al poder político. Está para controlar que el poder actúe dentro de la ley. Ese control puede incomodar, pero es precisamente lo que sostiene a una democracia”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el cuestionamiento sistemático al Poder Judicial, cada vez que una resolución no coincide con los intereses del Gobierno, debilita aún más la calidad institucional de la provincia y profundiza la pérdida de confianza de los ciudadanos en el propio Gobierno.
“Si el oficialismo quiere discutir el fallo, tiene las herramientas legales para hacerlo. Lo que no puede hacer es convertir cada límite judicial en una operación política”, concluyó.
