ShelknamsurSegún expresó el Juzgado Electoral en un comunicado oficial, avanzar con un calendario electoral en el contexto actual “difícilmente contribuiría a dotar de certeza y seguridad jurídica al proceso”. La resolución habla directamente de un escenario de “inestabilidad” respecto del proceso electoral convocado, algo que deja expuesta la fragilidad jurídica y política que atraviesa hoy la reforma impulsada por el oficialismo provincial.
La decisión no es menor. Emitir un cronograma implica activar formalmente cada una de las etapas electorales: presentación de alianzas, oficialización de listas, campañas, padrones y plazos legales. Pero para la Justicia Electoral, avanzar en ese esquema mientras todavía persisten cuestionamientos sobre la vigencia misma del proceso podría terminar generando un escenario aún más caótico, con riesgo de suspensión o frustración posterior de la elección.
En paralelo, Zanini solicitó la intervención del Fiscal Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Urquiza, para que tome conocimiento y eventualmente dictamine antes de resolver los próximos pasos. Sin embargo, Urquiza integra también la Junta Electoral, por lo que podría apartarse y dejar la intervención en manos de otro integrante del Ministerio Público Fiscal.
El movimiento judicial aparece en un momento particularmente delicado para el Gobierno provincial. La Legislatura derogó recientemente la Ley 1529 por una mayoría contundente de 11 votos contra 4, dejando al proceso constituyente en una especie de limbo político y jurídico. Mientras el Ejecutivo insiste en sostener la convocatoria, distintos sectores advierten que sin ley vigente no existiría base legal suficiente para continuar adelante.
La resolución de Zanini no clausura formalmente el proceso, pero sí introduce un dato político imposible de ocultar: por primera vez, la propia Justicia Electoral reconoce públicamente que existe un cuadro de incertidumbre institucional alrededor de la reforma constitucional fueguina.
Y ahí aparece el problema de fondo para el oficialismo. Durante meses intentó presentar la reforma como un proceso natural, ordenado y encaminado. Pero hoy el escenario parece otro: una ley derogada, una elección convocada bajo cuestionamientos y una Justicia Electoral que evita avanzar porque no tiene garantías de estabilidad jurídica.
En términos políticos, el mensaje es fuerte. Cuando la propia autoridad electoral decide frenar el cronograma por falta de certeza, el conflicto deja de ser solamente legislativo o partidario y pasa a convertirse en un problema institucional de magnitud.
