ShelknamsurLa reforma constitucional vuelve a quedar atravesada por una cuenta política fina. Este martes, desde las 14 horas, la Comisión Nº 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales deberá definir si el proyecto que propone derogar el llamado a la reforma obtiene dictamen para ser tratado en la sesión del jueves 30.
La comisión está integrada por 11 legisladores: Raúl Von Der Thusen, María Victoria Vuoto, Natalia Gracianía, Federico Greve, Myriam Martínez, Matías Lapadula, Juan Carlos Pino, Pablo Villegas, María Laura Colazo, Gisela Dos Santos y Jorge Lechman.
El dato que empieza a ordenar la discusión no es solo quién votará a favor o en contra, sino quién estará presente al momento de abrir la reunión. En la previa, una de las lecturas políticas apunta a la posible ausencia de legisladores vinculados al oficialismo, entre ellos Federico Greve, Myriam Martínez y eventualmente Gisela Dos Santos. De concretarse ese escenario, la comisión no quedaría automáticamente paralizada.
Con 11 miembros, el quórum se alcanzaría con 6 legisladores presentes. A partir de allí, el dictamen se resolvería por mayoría de los votos emitidos. Por eso, la matemática legislativa puede jugar un papel determinante.
Si faltaran tres legisladores y quedaran 8 presentes, el proyecto necesitaría 5 votos para avanzar. Si las ausencias fueran cuatro y quedaran 7 presentes, alcanzarían 4 votos. Y si solo se reuniera el mínimo de 6 presentes, también serían necesarios 4 votos para dictaminar.
La eventual estrategia de no asistir, entonces, tiene un riesgo político: puede intentar condicionar el funcionamiento de la comisión, pero si no logra romper el quórum, también puede terminar bajando la cantidad de votos necesarios para que el proyecto llegue al recinto.
En ese escenario, los nombres que permanezcan sentados serán decisivos. Si la comisión funciona, cada voto emitido tendrá peso propio. Las ausencias, las abstenciones y los movimientos de último momento pueden terminar modificando el resultado más que cualquier declaración pública previa.
El proyecto impulsado por Jorge Lechman busca frenar el proceso de reforma constitucional en un contexto donde la convocatoria quedó envuelta en cuestionamientos por su oportunidad política, su costo y las prioridades reales de la provincia. La discusión ya no pasa solamente por el contenido de la reforma, sino por la conveniencia de sostener ese proceso en medio de un escenario económico y social cargado de reclamos.
Si el proyecto obtiene dictamen, la derogación llegará a la sesión del jueves 30 y obligará a todos los bloques a fijar posición en el recinto. Si no lo consigue, quedará en comisión y el Gobierno conservará margen para avanzar con el calendario reformista.
