ShelknamsurEn la ciudad de Buenos Aires se realizó el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), del que participó el intendente de Río Grande, Martín Perez. Durante la jornada, los mandatarios presentaron un requerimiento formal ante el Ministerio de Economía para advertir sobre el deterioro financiero que atraviesan los municipios y reclamar medidas urgentes frente al impacto del ajuste nacional.
En el documento, los intendentes señalaron el desfinanciamiento de los gobiernos locales, el aumento sostenido del precio de los combustibles y el cobro de impuestos que, por ley, deben destinarse a obras públicas hoy paralizadas en distintos puntos del país. En ese marco, solicitaron retrotraer el valor de los combustibles al 1 de marzo y reactivar las obras nacionales interrumpidas desde 2023.
Perez tomó la palabra en representación de los intendentes patagónicos y cuestionó con dureza las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. Según planteó, el ajuste ya tiene consecuencias concretas sobre el empleo, la producción y el entramado social de las ciudades del sur.
“El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.
El intendente sostuvo además que la producción industrial fueguina cayó entre un 50% y un 55% interanual, y advirtió que se trata de “una cifra récord” que refleja el efecto de la apertura de importaciones y de la caída del consumo interno.
En paralelo, describió la situación financiera que atraviesa el Municipio de Río Grande. “Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional paralizada y con retrasos sistemáticos en la remisión de la coparticipación provincial, lo que elimina cualquier previsibilidad para la gestión urbana”, señaló.
Frente a ese escenario, indicó que la administración local debió reasignar un 25% adicional de su presupuesto a políticas de asistencia social, sanitaria, alimentaria y de transporte para acompañar a las familias afectadas por la crisis.
Perez también vinculó el deterioro productivo con una discusión de fondo sobre soberanía. “Es alarmante que el Gobierno adopte las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que califican a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Esa mirada desconoce que la promoción industrial es una política de Estado que lleva 55 años garantizando presencia argentina en un territorio estratégico”, expresó.
En ese mismo sentido, remarcó la contradicción entre el retiro de YPF de áreas petroleras del norte de la isla y el avance del proyecto británico Sea Lion en el Atlántico Sur. También manifestó preocupación por la intervención federal del Puerto de Ushuaia y por el desfinanciamiento del Polo Logístico Antártico.
Sobre el cierre de su exposición, Perez sintetizó el planteo con una advertencia política y geopolítica. “Lo que está en juego en Río Grande es la integridad misma del territorio nacional. No podemos aceptar que organismos externos definan que nuestra presencia en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una ‘política fallida’, mientras el Reino Unido avanza sobre nuestros recursos. Defender la industria fueguina y el trabajo de nuestra gente es la forma más concreta de defender la soberanía argentina”, concluyó.
