ShelknamsurEl intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su preocupación por la media sanción en Diputados del proyecto de reforma del régimen de Zona Fría y advirtió que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional debilita una herramienta central para los hogares fueguinos.
El jefe comunal sostuvo que la discusión no puede reducirse a una cuestión tarifaria, porque en Tierra del Fuego la calefacción no representa un consumo accesorio, sino una condición básica para vivir. En ese sentido, remarcó que cada modificación sobre el régimen impacta directamente sobre la economía cotidiana de miles de familias.
La preocupación principal pasa por el cambio en la garantía legal del beneficio. Según señaló Perez, la normativa vigente establece un descuento equivalente al 50% de los cuadros tarifarios plenos para los hogares de la Patagonia, incluida Tierra del Fuego. Sin embargo, si el proyecto avanza en el Senado, ese piso dejaría de estar fijado por ley y sería reemplazado por una bonificación definida por el Gobierno nacional.
“Quieren hacer creer que nada cambia porque Tierra del Fuego sigue mencionada dentro del régimen. Pero cambia lo más importante. El descuento del 50% deja de estar fijado por ley”, advirtió el intendente.
Perez también cuestionó que el nuevo esquema modifique la forma de calcular el beneficio, al pasar de un descuento sobre el cuadro tarifario pleno a una bonificación aplicada sobre el precio del gas comercializado por los productores, dejando afuera componentes como transporte y distribución.
Para el intendente, la Zona Fría no puede ser presentada como un privilegio, sino como una política de justicia territorial para regiones donde las condiciones climáticas obligan a un consumo energético muy superior al de otras zonas del país. “La Zona Fría no es un privilegio. Es una protección elemental para quienes vivimos en el sur del país”, sostuvo.
Finalmente, Perez pidió que el Gobierno nacional revise una medida que, según planteó, suma incertidumbre sobre las familias fueguinas en un contexto de caída del poder adquisitivo, problemas de empleo y dificultades económicas. Para Río Grande, el punto de fondo es claro: mantener a Tierra del Fuego dentro del régimen no alcanza si al mismo tiempo se le quita la garantía concreta que hacía efectivo el beneficio.
