ShelknamsurEl punto que activó la discusión fue la Ley Provincial 1012. La norma establece que el representante fueguino ante YPF debe ser designado por el Ejecutivo ad referéndum de la Legislatura. En otras palabras, sin ese paso por la Cámara, la designación queda bajo cuestionamiento.
Sobre esa base, Lechman pidió que el Gobierno explique si informó la designación en los términos que marca la ley y si cumplió con el procedimiento legal. La resolución aprobada no sólo exige respuestas, sino también el envío de los antecedentes administrativos vinculados al nombramiento de D’Alessio.
El tema, sin embargo, ya superó lo administrativo. Lo que se puso en discusión en el recinto fue otra cosa: si el Ejecutivo respetó el rol de la Legislatura o si intentó avanzar con una representación clave sin el control político que exige la norma. Por eso, el caso YPF abrió un frente incómodo para el Gobierno y le dio a la oposición un nuevo argumento para marcar que en la Provincia no todo puede resolverse por la vía de los hechos consumados.
