A pocos días del 1° de marzo, la Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares del Personal Policial Retirado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una nota a la Legislatura para poner en conocimiento una situación que —según describen— afecta a 540 familias.
El documento sostiene que esas familias se encuentran perjudicadas por la falta de percepción íntegra de los haberes y del sueldo anual complementario adeudado, y subraya que el planteo no busca instalar una discusión administrativa sino atender una urgencia social: “No se trata de una discusión técnica ni administrativa: se trata de derechos alimentarios, de subsistencia y de dignidad”.
En el mismo texto, la Asociación expresa su expectativa de que la apertura del período de sesiones ordinarias no sea un acto meramente formal, sino el comienzo de un compromiso concreto con problemas que impactan en cientos de hogares. En ese marco, remarcan que los legisladores cuentan con herramientas constitucionales y legales disponibles para intervenir institucionalmente y encauzar soluciones.
Entre los puntos planteados aparece la facultad de control e interpelación. Allí señalan que la Legislatura posee atribuciones para citar e interpelar a las autoridades de la Caja. En dos oportunidades, sostienen, fueron convocadas y no se presentaron, amparándose en una supuesta “estrategia de inversión y reorganización patrimonial”. Frente a esa situación, la nota pide que el control parlamentario tenga efectos institucionales y que se garanticen explicaciones formales sobre el estado del sistema.
Otro eje es la facultad presupuestaria. El escrito plantea que la Legislatura puede promover modificaciones al Presupuesto 2026, reasignando partidas, para garantizar que el Estado provincial cumpla con su rol de “garante solidario del sistema previsional policial”, evitando que la deuda siga incrementándose.
La Asociación también propone avanzar con una declaración de emergencia o una ley de salvataje del sistema previsional policial, que permita habilitar transferencias directas del Tesoro Provincial para cubrir la deuda acumulada y asegurar el pago regular de haberes y aguinaldos.
En paralelo, solicitan una exigencia formal al Poder Ejecutivo para el cumplimiento inmediato de las obligaciones previsionales y el pago de los montos adeudados, en resguardo de derechos con protección constitucional.
El documento incorpora además el pedido de seguimiento de fallos judiciales y control de legalidad, ante resoluciones judiciales que ordenan el pago de la deuda y su eventual incumplimiento. En ese punto, plantean que la Legislatura ejerza un seguimiento institucional, documentado y público sobre la conducta del Estado y la ejecución presupuestaria de la Caja.
Finalmente, solicitan que se impulse —ante quien corresponda— la determinación de responsabilidades administrativas y patrimoniales de quienes hubieran llevado a la institución a la situación actual, para que respondan con su propio patrimonio si así lo determina la Justicia.
Hacia el cierre, la Asociación aclara que no pretende señalar un camino político, sino recordar que existen mecanismos institucionales vigentes y disponibles. “Nuestro reclamo es respetuoso, pero firme”, expresan, y advierten que cada día de demora agrava la situación de cientos de hogares fueguinos. La nota concluye con un llamado a asumir el compromiso que exige la investidura, con el objetivo de evitar que la crisis escale hasta un punto de intervención externa que, según sostienen, podría haberse prevenido con decisiones oportunas.
