Precedente de La Rioja podría favorecer a Tierra del Fuego: Lechman eleva la reforma a la Corte Suprema

La provincia afronta paros docentes, huelga metalúrgica y reclamos estatales por salarios que no cubren la canasta básica, mientras la pobreza supera el 50 %. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) cuestionó que el Ejecutivo provincial celebrara el fallo que habilita la reforma constitucional. “Ni llena la heladera ni devuelve las clases; la dignidad de los fueguinos sigue esperando”, afirmó en diálogo con Radio Provincia.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos del legislador Jorge Lechman y del exconcejal Paulino Rossi contra el llamado del Gobierno a la Convención Constituyente, ratificó la legalidad del Decreto 1656/24 y otorgó al Ejecutivo 210 días para fijar la fecha de elección. Lechman anunció que apelará ante la Corte Suprema.

Eduardo Aníbal Solari, condenado a 20 años —pena unificada en 22— por abuso sexual agravado, producción y suministro de pornografía infantil, promoción de la corrupción de menores, amenazas coactivas y ciberacoso sexual, tiene acceso a internet desde el penal de Río Grande y mantiene comunicación directa con el Ejecutivo provincial. ¿Cómo puede ser que el despacho mas importe de la provincia se comunique con un pedófilo condenado dentro de la cárcel?.

El legislador Raúl Von der Thusen abordó la polémica reforma constitucional, la crisis en la obra social OSEF, los problemas en los servicios públicos como salud y educación, y la situación económica y política de la provincia.

La ley 1529, impulsada sin debate público ni participación social, busca habilitar una reforma constitucional con más de 70 puntos propuestos por el propio Gobierno. Entre ellos, la posibilidad de permitir un nuevo mandato al Ejecutivo actual. El rechazo social es mayoritario: más del 70% de los fueguinos está en contra. Sin embargo, en medio de una profunda crisis social, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, la salud colapsada, sueldos estatales deteriorados y miles de contratos industriales en riesgo para diciembre, el oficialismo prioriza una reforma costosa que no le resuelve la vida a nadie.

La Dirección de Comercio e Industria del Municipio de Río Grande procedió a la clausura preventiva de las instalaciones de la empresa CriptoPatagonia en Río Grande, en el marco del cumplimiento de la normativa vigente y ante reiteradas notificaciones presentadas para un correcto desarrollo de las actividades.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar a la recusación del vocal Dr. Ernesto Adrián Löffler en el marco de una causa de alto impacto institucional que involucra el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, cuyo costo estimado supera los 4 000 millones de pesos y que, según una encuesta pública, cuenta con más del 70 % de rechazo ciudadano.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios, intervino en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad, tras recibir denuncias de vecinos y vecinas por la presunta existencia de un criadero informal de perros de raza Husky.

La ex presidenta confirmó, en un escrito que presentó ayer, que el próximo miércoles 18 de junio se hará presente en los tribunales de Comodoro Py para “estar a derecho” y cumplir con la orden de detención dictada luego de la decisión de la Corte Suprema. En la misma presentación reforzó su pedido de prisión domiciliaria y cargó contra lo que definió como “la derecha mafiosa” que —según ella— “se profuga durante tres años, vuelve, consigue la protección del Partido Judicial y, además, logra el sobreseimiento”.

En 2004, como diputada del ARI, Fabiana Ríos firmó junto a Elisa Carrió el informe - La distribución de la obra pública: clientelismo o política de Estado, un documento que detallaba cómo Vialidad Nacional desviaba fondos hacia Austral Construcciones y otras empresas de Lázaro Báez. Ese texto fue incorporado más tarde al expediente que derivó en la causa Vialidad y en la condena de Cristina Kirchner. Ríos ilustra la elasticidad de las convicciones de algunos políticos de la Argentina.

Un fallo de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires condenó solidariamente a Travel Rock, Catedral Alta Patagonia y sus aseguradoras a pagar $ 6.818.865 por la fractura de talón que sufrió una estudiante platense al deslizarse en trineo en el Cerro Catedral. La decisión reafirma que la obligación de seguridad en el turismo es objetiva: basta acreditar contrato y lesión para pulverizar cualquier cartel de “bajo su propio riesgo”. En paralelo, esta semana la concesión del Glaciar Martial informó que, aunque la pista aún no está habilitada formalmente, se permite esquiar y hacer snowboard. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del prestador en ese contexto? La jurisprudencia sugiere una respuesta tajante: si se cobra por una experiencia sobre nieve, el operador debe demostrar que la actividad es segura y que, de haber daño, la víctima incumplió normas elementales; de lo contrario, responde.

La Municipalidad de Ushuaia a través de la firma del intendente Walter Vuoto celebró un convenio de colaboración y asistencia con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini.