Shelknamsur
La presentación se oficializa en un momento especialmente sensible: mientras el Gobierno insiste en hablar de “modernización institucional”, el costo estimado supera los 5 mil millones de pesos y, en las consultas previas, el 70% de la ciudadanía manifestó su rechazo. Ese contraste entre discurso y realidad terminó de trasladar la polémica hacia el plano judicial.
El oficialismo buscó durante semanas minimizar la disputa, pero la llegada del caso al máximo tribunal modifica el escenario. Para Lechman, el avance reformista carece de consensos básicos y se funda en una interpretación sobredimensionada de las facultades provinciales. Lo que se presenta como una urgencia institucional, sostiene, colisiona con principios republicanos elementales y con límites propios del federalismo argentino.
Con el expediente ya bajo análisis de la Corte, comienza una fase clave: el tribunal evaluará los fundamentos iniciales y definirá si el caso continúa su curso o si corresponde su rechazo. Hasta entonces, la discusión sobre la reforma constitucional queda formalmente dentro del ámbito de decisión más alto del país.
