Ante la pandemia, el Gobierno de Chile había tomado la decisión de exigir, como documentación reglamentaria entre los pasos fronterizos que nos unen al continente la presentación de un salvoconducto, el cual consistía en un documento que expedirían los Consulados de ese país en Argentina sobre el por qué del viaje, tipo de vehículo y su destino final. El valor del trámite era de 30 dólares.
Mundo13/05/2020
Shelknamsur
Sobre el tema, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Lic. Andrés Dachary, reseñó que “cada argentino que, a partir del pasado lunes, estuviera interesado en realizar este trayecto entre el continente y la isla o viceversa, debía enviar un correo electrónico a los consulados chilenos en Río Gallegos o en Río Grande con toda la información personal, la información del vehículo y el motivo por el cual tenía que transitar por territorio chileno para llegar a su destino final, esto luego sería enviado a Santiago, con una demora de hasta 96 horas para poder obtener la respuesta y, una vez obtenido esto, debía efectivizar el pago de un canon equivalente a 30 dólares, para recién poder obtener el certificado que le daba derecho a cruzar por Chile”.
Inmediatamente, el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comenzó a trabajar en forma inmediata “por los múltiples trastornos que esto iba a ocasionar a un sinnúmero de argentinos, sobre todo que hay muchas personas que están volviendo del norte haciendo uso de los permisos que oportunamente se entregaron en forma conjunta entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio del Interior, el cual le permitía a nuestros comprovincianos retornan a la isla, pero esto se vería impedido y por ello manifestaron su malestar al enterarse de esta novedad, debido a que no poseían esta documentación al momento de llegar al Paso de Integración Austral”, comentó Dachary.
A la vez explicó otra consecuencia de la medida, “esas personas al no poder continuar hacia la isla, tampoco podían pernoctar en Río Gallegos, porque de hacer su ingreso a la ciudad deberían cumplir cuarentena en Río Gallegos; por esa razón rápidamente nos pusimos a gestionar con los distintos organismos técnicos de la Cancillería, con los Consulados Chilenos en Río Grande y en Río Gallegos, con la Embajada Argentina en Chile y, en horas de la tarde de ayer martes, se llevó a cabo una reunión en la Cancillería Chilena y en ella se logró gestar una solución, consiste en que se retrotrae la situación a lo que fue el decreto originario del mes de marzo del Presidente Piñera, en el cual se garantiza el tránsito por el territorio chileno a los argentinos en tránsito hacia terceros países, sin la presentación de ningún documento complementario”.
Desde el Gobierno de la Provincia adelantaron que estas notificaciones ya se están cursando, el consulado de Chile en Río Grande ya está notificado, al igual que los otros consulados, y sólo hay que esperar se notifiquen los organismos técnicos con competencia de acción en los Pasos Fronterizos, razón por la cual desde el área de Asuntos Internacionales recomendaron "tratar de no realizar el tránsito entre el continente y la isla o viceversa, hasta tanto se hayan concretado estas notificaciones y vuelva la operatividad a como era antes de esta medida, lo cual estimamos sería a partir de mañana jueves".
Finalmente, el licenciado Dachary destacó “las inmediatas gestiones llevadas adelante por nuestro Gobierno provincial, y debemos agradecer de manera especial el trabajo de los Consulados chilenos en Río Grande, en Río Gallegos y en Ushuaia, y también el gran trabajo de nuestra Cancillería nacional y de la Embajada Argentina en Chile, no es fácil coincidir en una solución cuando hay varios organismos involucrados y máxime en la coyuntura de esta emergencia sanitaria a nivel mundial y, sin embargo, se han logrado minimizar las consecuencias de este trámite en beneficio de la gente”.
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En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
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