La cifra es menor a la que se calculaba al momento de la firma de la resolución que habilitó las salidas preventivas. Entonces se estimaba que alcanzaba a unos 500 internos procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.

Se trata de los casos contemplados en un fallo del Tribunal de Casación, ya que reúnen dos requisitos clave: pertenecer a los grupos de riesgo por COVID-19 y estar penados por delitos leves.

En este tiempo egresaron de las cárceles bonaerenses por pena cumplida, libertad condicional o libertad asistida, 1713 privados de libertad. En tanto fueron beneficiados con prisiones domiciliarias 30 detenidos, por lo que al sumar ambas variables se llega a la cifra de 1743.

De acuerdo a lo que dice el fallo de Casación sobre la libertad de presos, los jueces otorgaron durante este lapso 637 arrestos domiciliarios. Esta cifra se explica en gran parte por los 439 internos que por una medida sanitaria y de acuerdo a lo explicitado por los jueces, pertenecen a los grupos de riesgo y fueron enviados a sus casas a cumplir la pena.

Pero lo que aquí se cuestiona, no solo es la otorgación de beneficios a mansalva, sino que las víctimas de aquellos delincuentes, no son avisadas previamente de la liberación de sus agresores.

A quienes le otorgan el beneficio de prisión domiciliaria, en muchas oportunidades, vuelven a estar a metros de distancia con quienes fueron sus víctimas.  Entonces, si lo que realmente importa es el derecho de los ciudadanos, no olvidemos el derecho de las víctimas, y el trauma que significa para ellas saber que su agresor puede violar la medida de seguridad, y volver a atacarla, ya sea por bronca o para terminar lo que comenzó antes de caer tras las rejas.

HUGO LOPEZ CARRIBERO
ABOGADO PENALISTA
PROFESOR UNIVERSITARIO DE DERECHO PENAL