Eso es lo que pasa con YPF. La petrolera se retira de los yacimientos convencionales en Tierra del Fuego y la Provincia, a través de Terra Ignis, se hace cargo de una operatoria que ya está en rojo. No es una apuesta a futuro ni un proyecto en desarrollo: es un problema presente que pasa directamente a la órbita estatal.
Para entenderlo sin tecnicismos, alcanza con una comparación simple. Es como quedarse con un negocio que ya pierde plata todos los meses. No se recibe una empresa ordenada ni en crecimiento: se recibe el déficit, los empleados, los contratos y los costos fijos. El negocio no funciona, pero alguien igual decide quedarse con él.
El traspaso incluye alrededor de 500 trabajadores, con una estructura pesada, sanidad propia, convenios cerrados y salarios que en muchos casos superan los siete millones de pesos anuales. El discurso oficial pone el foco en la continuidad laboral, pero el punto central sigue siendo otro: cómo se sostiene financieramente todo ese esquema.
Terra Ignis no recibe un negocio en expansión. Recibe una estructura armada, costosa y deficitaria. Y quien la toma no es un privado que arriesga su capital, sino el Estado provincial. En ese contexto, cualquiera puede jugar a ser empresario con la plata del Estado, aun sin experiencia previa en el sector, mientras las pérdidas quedan socializadas.
Por eso resulta difícil hablar de “igualdad de condiciones”. No hay igualdad cuando la empresa estatal ya tiene todos sus puestos cubiertos, con salarios muy por encima del promedio del mercado laboral fueguino. Hoy, un trabajador del Estado recién ingresado ronda los 600 mil pesos, mientras que un empleado con 25 años de servicio en un escalafón seco difícilmente supere el millón doscientos mil pesos. En el sector privado, un operario de fábrica ronda el millón de pesos.
En ese contexto, no existe ninguna posibilidad real de acceso a Terra Ignis, ni para un empleado público ni para un trabajador privado que quiera presentar su currículum: el cupo ya está completo. No hay nuevos puestos, no hay competencia, no hay apertura. Hay absorción de una estructura preexistente, con costos salariales muy superiores al promedio provincial.
También queda corta la discusión sobre la llamada “soberanía energética”. Los recursos no pasan a estar disponibles para el conjunto de la sociedad ni se traducen automáticamente en beneficios colectivos. No se conocen los inversores, no se informaron asociaciones, no hay detalles sobre cómo se financiará el déficit ni cómo se repartirán eventuales ganancias. Lo único claro es que el riesgo queda del lado del Estado.
Desde el Gobierno se repite que Terra Ignis irá aprendiendo sobre la marcha y que se buscarán socios estratégicos. Puede ser. Pero mientras se aprende y mientras los inversores aparecen —si aparecen—, las pérdidas ya están ahí y alguien las paga mes a mes.
La pregunta es simple y sigue sin respuesta: ¿quién se hace cargo del rojo todos los meses? Porque sin capital identificado, sin un plan claro para salir del déficit y con una estructura costosa desde el primer día, el relato de la soberanía suena bien, pero no alcanza.
Corregir el rumbo no es rechazar al Estado ni negar el desarrollo energético. Es algo más básico: mostrar los números, decir la verdad y explicar quién paga. Sin eso, la analogía del negocio que se hereda con pérdidas deja de ser un recurso didáctico y pasa a ser una advertencia concreta.
