ShelknamsurLa deuda que el Gobierno de Gustavo Melella mantiene con la Municipalidad de Río Grande ya supera los 17.000 millones de pesos, según denunciaron las autoridades municipales. Frente a la falta de transferencias, funcionarios, concejales y representantes de los organismos de control comenzaron a evaluar acciones conjuntas para exigir el pago de los recursos.
El secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, aseguró que la Provincia registra atrasos de hasta 45 días en el envío de fondos que, según explicó, ya fueron recaudados y corresponden a las administraciones municipales.
“Existe una decisión política de parte del Gobierno Provincial de desfinanciar a Río Grande, y eso ya está perjudicando a los vecinos de nuestra ciudad”, afirmó el funcionario.
La situación fue analizada durante una reunión de la que participaron integrantes del equipo económico municipal, concejales, representantes del Juzgado de Faltas y del Tribunal de Cuentas.
Desde el Municipio señalaron que los atrasos comprometen la previsibilidad financiera y afectan recursos destinados a servicios esenciales, entre ellos el suministro de agua y cloacas, el transporte público, los centros municipales de salud, los espacios deportivos y los programas de asistencia alimentaria.
Díaz destacó que todos los bloques del Concejo Deliberante acompañan el reclamo y explicó que, mediante una ordenanza, se conformó una mesa de trabajo para compartir información financiera y definir los próximos pasos.
“Vamos a realizar un reclamo formal, primero por la vía administrativa y eventualmente por la vía judicial, para que la Provincia corrija esta situación y los fondos lleguen a los vecinos de Río Grande”, sostuvo.
El conflicto abre un nuevo frente entre la administración del intendente Martín Pérez y el Gobierno provincial, en medio de las dificultades financieras que atraviesa Tierra del Fuego.
Mientras el Municipio reclama el cumplimiento de las transferencias, la posibilidad de recurrir a la Justicia aparece como una alternativa si no se logra una respuesta por parte del Ejecutivo.
Por el momento, los 17.000 millones de pesos corresponden al monto denunciado por las autoridades municipales. La controversia podría profundizarse si persisten las demoras en el envío de los recursos.
