Shelknamsur
Hasta ahora, las firmas alcanzadas por el régimen de la Ley 19.640 debían aportar al FAMP el 15% del beneficio obtenido por el IVA generado en la comercialización de los productos incluidos en el subrégimen. Ese esquema, presentado como la contracara “productiva” de los beneficios fiscales, queda desde ahora sujeto a revisión caso por caso.
La norma habilita a las empresas a solicitar la reducción del aporte cuando se verifique que cambios en las condiciones tributarias o arancelarias afecten la competitividad de los bienes producidos en la provincia, poniendo en riesgo la sustentabilidad de la actividad o el mantenimiento del empleo. En ese escenario, la autoridad de aplicación podrá autorizar reducciones parciales o totales, siempre que se acredite que el aporte al fondo se transforma en una carga incompatible con la continuidad productiva.
El FAMP fue concebido como un fideicomiso destinado a financiar obras, acciones y proyectos orientados a la reconversión y diversificación de la matriz productiva fueguina, con recursos provenientes, principalmente, de las propias empresas beneficiadas por el régimen promocional. En otras palabras, el fondo nació como el instrumento para empezar a pensar un “después” del esquema industrial actual.
La decisión del Gobierno nacional busca, según el texto oficial, evitar que nuevas cargas económicas impacten negativamente sobre la producción y el empleo en la provincia. Sin embargo, el costo implícito es evidente: una potencial merma en los recursos del FAMP, cuya capacidad operativa quedará atada al volumen de pedidos de excepción y a las resoluciones administrativas que se adopten en cada expediente.
