Shelknamsur
El caso volvió a la agenda pública a partir de la denuncia del legislador Jorge Lechman, quien apuntó contra la fanpage La Razón Fueguina, un portal de línea oficialista que —según señaló— se opera desde el penal de Río Grande. En su cuenta de X, el parlamentario publicó: “¿Vos te preguntás dónde está la plata? En medios utilizados por el Gobierno de TDF para denostar a los opositores… Portales manejados desde el penal por un pedófilo condenado a 22 años. ‘La Razón Fueguina’. Esto es TDF”. Y agregó: “No hay plata para docentes, policía ni empleados públicos… pero contratan sicarios de la difamación. Gasten en la gente, no en medios truchos y menos en los manejados por pedófilos condenados”.
La condena contra Solari, en 2022, acreditó un modus operandi digital: pedidos de fotos y videos íntimos a menores, hostigamiento en línea y uso de dispositivos y plataformas para acercarse a víctimas. Permitirle conectividad tras las rejas reproduce el mismo patrón de riesgo que lo llevó a prisión y abre una ventana de contacto —aun sin intención directa— con perfiles de niñas, niños y adolescentes. No es un tecnicismo: es una brecha de seguridad que desprotege a la sociedad y degrada las instituciones.
A ello se suma la comunicación directa con la cúpula del poder político. La existencia, frecuencia y contenido de esos contactos deben esclarecerse: quiénes participan, por qué canales, con qué dispositivos y para qué fines.
El prontuario de Solari, antes de esta condena, incluye su paso como autoridad del cuartel de Bomberos “2 de Abril”, intervenido por desmanejos millonarios de fondos públicos durante la gestión de Fabiana Ríos. El mismo nombre que hoy aparece vinculado a un portal operado desde la cárcel es el que ayer administró recursos de los fueguinos.
