Viaje a La Haya y pedido de apartamiento: Lechman recusó a la jueza Cristiano en la causa que cuestiona la reforma constitucional

Entre pasajes, hoteles y viáticos, el desplazamiento a los Países Bajos del legislador oficialista Federico Greve (FORJA) y de la vocal del Superior Tribunal, Edith M. Cristiano, superó los $ 10,5 millones. Esa coincidencia motivó que el parlamentario Jorge Lechman presentara —con fundamento en el art. 28 del Código Procesal— una recusación con causa para que la magistrada se aparte del expediente “Lechman c/ Provincia AeIAS s/ Acción meramente declarativa” (Expte. 4646/24), en el que se debate la validez del proceso de reforma de la Constitución provincial.

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El escrito

El documento, de 14 páginas, ingresó al Superior Tribunal el 2 de julio. Lechman fundó su planteo en dos causales:

Interés directo (art. 28 inc. 1 CPCC-TDF). Sostiene que la magistrada viajó y compartió actividades con Greve, uno de los referentes legislativos de la reforma impugnada.

Beneficios de importancia (art. 28 inc. 4 CPCC-TDF). Atribuye a Cristiano la percepción de pasajes, alojamiento y viáticos abonados con fondos públicos, sin acto formal que los autorice.
El escrito recuerda, además, que el art. 95 § 5 de la Constitución provincial exige la publicidad de todo gasto “ad referéndum”, extremo que —según el recusante— no se cumplió con la participación de la jueza.

 El desplazamiento que provocó la polémica

12 de junio. Resolución 178/25: pasaje Ushuaia-Ámsterdam-Ushuaia y viático internacional para Greve.
25 de junio. Resolución 187/25: reconocimiento de la diferencia de tarifa.

El total autorizado para el legislador supera los $ 5,26 millones. La presencia de Cristiano en la misma actividad del International Institute for Justice Excellence —sin decreto ni acordada que cubra sus gastos— lleva la cifra, según estimaciones internas, a más de $ 10,5 millones.

 Argumentos éticos y procesales

Apariencia de imparcialidad. El Código Iberoamericano de Ética Judicial exige que el juez no sólo sea imparcial sino que lo parezca; para Lechman, compartir agenda y avión con un actor político alineado al Gobierno quiebra ese estándar.
Riesgo de nulidad. La intervención de un juez sospechado puede arrastrar la nulidad de todo lo actuado y generar responsabilidad patrimonial del Estado.

Derecho de las partes a un juez independiente (art. 8.1 CADH). La Corte Suprema ha reiterado que cualquier beneficio relevante recibido de una parte coloca al magistrado en posición de ser recusado.

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