Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
Política03/01/2026 Mariano López
No hay intervención… por ahora
La desmentida llegó rápida : el Puerto de Ushuaia no está intervenido. No hay decreto, no hay resolución y no hubo desplazamiento de autoridades. Desde el Gobierno provincial remarcan que la conducción institucional sigue intacta y que hablar de intervención es incorrecto.
Formalmente, tienen razón. En los papeles, la palabra no aparece.
Lo que el Gobierno no desconoce
Lo que tampoco desconoce el Gobierno —aunque prefiera no decirlo en voz alta— es que el puerto atraviesa un proceso de control que no responde a una revisión de rutina. Desde hace meses, y con mayor intensidad durante el último trimestre de 2025, distintos organismos nacionales avanzaron con inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones administrativas sobre seguridad, infraestructura, mantenimiento y procedimientos operativos.
La administración provincial fue notificada de observaciones concretas y de plazos de adecuación. Ese dato no fue negado. Por el contrario, fue admitido y relativizado bajo el rótulo de “fiscalización normal”.
Millones ejecutados, respuestas pendientes
El punto más incómodo no está en los controles en sí, sino en el contexto que los rodea. Las revisiones avanzan mientras se analiza el destino de millones de pesos y dólares que fueron anunciados, ejecutados y comprometidos para el puerto, pero cuyos resultados no terminan de reflejarse en el estado de la infraestructura ni en los estándares exigidos.
No se acusa, pero se pregunta. No se afirma delito, pero se revisa. Y cuando se revisa tanto, es porque las respuestas no alcanzan.
Una intervención que nadie quiere nombrar
En el sistema portuario argentino, estas etapas suelen tener un recorrido conocido: primero las observaciones, luego los plazos, después el seguimiento intensivo y, finalmente, la medida formal. El Gobierno provincial lo sabe. La autoridad nacional también. Por eso el esfuerzo está puesto en negar la palabra, no en desmentir el proceso.
Decir que no hay intervención hoy es técnicamente correcto. Sostener que no existe un escenario que conduce a ella es, como mínimo, discutible.
El silencio que anticipa
El Puerto de Ushuaia sigue operando. Los cruceros llegan. La logística antártica funciona. Todo eso es cierto. Pero también lo es que el puerto está bajo una lupa que no suele levantarse sin consecuencias.
El Gobierno insiste en que no hay intervención. Tal vez porque sabe que, cuando finalmente la haya, ya no habrá margen para aclaraciones. Y en política portuaria, negar el desenlace no suele cambiarlo: apenas lo demora.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
El director de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, encendió una nueva señal de alarma sobre la situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Según afirmó, la entidad arrastra un déficit estructural cercano al 70%, un nivel que —reconoció— “se volvió insostenible para los prestadores” y que se agrava mes a mes.
En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.
La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.
- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.
En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.