Shelknamsur
La norma marca un punto de inflexión: deja sin efecto la ordenanza que prohibía este tipo de servicios y todo su entramado complementario. A diferencia de otros intentos regulatorios, no crea registros nuevos ni impone tasas municipales específicas. El cambio central es político y normativo: levantar la prohibición y reconocer una actividad que ya existía.
El texto aprobado establece un marco general de funcionamiento bajo control municipal, pero con requisitos alineados a los que hoy exige la propia plataforma para habilitar conductores. Documentación del vehículo, revisión técnica obligatoria, seguros vigentes y cumplimiento de la normativa de tránsito son las condiciones centrales para prestar el servicio.
También fija responsabilidades para las empresas que operan las aplicaciones, que deberán garantizar que los viajes sean asignados únicamente a conductores habilitados y contar con cobertura de responsabilidad civil y protección para los pasajeros. El valor del viaje será el determinado por la plataforma y aceptado por el usuario al momento de la contratación, sin intervención directa del Municipio en la fijación de tarifas.
La ordenanza no modifica los regímenes de taxis y remises, que podrán incorporarse a Uber u otras aplicaciones si cumplen con las condiciones establecidas. Tampoco establece recorridos, paradas ni horarios fijos: el servicio solo podrá prestarse a partir de viajes solicitados a través de la aplicación.
Al defender el proyecto en el recinto, Saldías sostuvo que se trataba de una discusión postergada. “Esta es una problemática que viene desde hace años y que se venía discutiendo en este Concejo”, afirmó. Reconoció críticas sobre el tratamiento legislativo, pero remarcó que la falta de acuerdo no podía seguir siendo un obstáculo. “Todo se puede mejorar, pero para mí no es una opción no avanzar en una respuesta”, señaló.
La concejal advirtió además que la ausencia de regulación agravó el problema con el paso del tiempo. “El problema no solo sigue vigente, sino que se ha ido profundizando”, sostuvo, y evitó personalizar el debate. “No quiero entrar en chicanas. Esto no es una discusión personal, sino una respuesta institucional de sentido común a un problema que tienen los ciudadanos desde hace mucho tiempo”, concluyó antes de emitir su voto positivo.
El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá ahora 60 días para reglamentar la ordenanza. A partir de esa instancia, se abrirá el período de adecuación para las empresas y los conductores. Recién entonces comenzará a verse si la decisión política de levantar la prohibición logra ordenar una actividad que ya forma parte del día a día del transporte urbano en Ushuaia.
