El miércoles inicia el juicio por el homicidio de Gladis Moledo

En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de sus habitantes y con la desocupación creciendo en los barrios, el Gobierno decidió concentrar su energía en sostener la reforma constitucional. El proceso, que demandará no menos de 5 mil millones de pesos, fue objetado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes presentaron un recurso extraordinario federal para intentar frenar la iniciativa.

El legislador interpuso un Recurso Extraordinario Federal contra el fallo del Superior Tribunal de Justicia que avaló extender los plazos de la Ley 1529. Afirma que la Constitución goza de buena salud y que impulsar una reforma sin consenso social significa destinar miles de millones en medio de una provincia con graves problemas de educación, salud y empleo.

La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, en relación al hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana en la calle Alem, se ha tomado la decisión de desafectar de manera inmediata al contratado Kevin Ortiz, quien prestaba servicios en la Dirección de Rentas.

Tal como anticipó días atrás, el legislador Jorge Lechman presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una impugnación contra la reciente reforma constitucional fueguina, avalada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.

La provincia afronta paros docentes, huelga metalúrgica y reclamos estatales por salarios que no cubren la canasta básica, mientras la pobreza supera el 50 %. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) cuestionó que el Ejecutivo provincial celebrara el fallo que habilita la reforma constitucional. “Ni llena la heladera ni devuelve las clases; la dignidad de los fueguinos sigue esperando”, afirmó en diálogo con Radio Provincia.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos del legislador Jorge Lechman y del exconcejal Paulino Rossi contra el llamado del Gobierno a la Convención Constituyente, ratificó la legalidad del Decreto 1656/24 y otorgó al Ejecutivo 210 días para fijar la fecha de elección. Lechman anunció que apelará ante la Corte Suprema.

Eduardo Aníbal Solari, condenado a 20 años —pena unificada en 22— por abuso sexual agravado, producción y suministro de pornografía infantil, promoción de la corrupción de menores, amenazas coactivas y ciberacoso sexual, tiene acceso a internet desde el penal de Río Grande y mantiene comunicación directa con el Ejecutivo provincial. ¿Cómo puede ser que el despacho mas importe de la provincia se comunique con un pedófilo condenado dentro de la cárcel?.

El legislador Raúl Von der Thusen abordó la polémica reforma constitucional, la crisis en la obra social OSEF, los problemas en los servicios públicos como salud y educación, y la situación económica y política de la provincia.

La ley 1529, impulsada sin debate público ni participación social, busca habilitar una reforma constitucional con más de 70 puntos propuestos por el propio Gobierno. Entre ellos, la posibilidad de permitir un nuevo mandato al Ejecutivo actual. El rechazo social es mayoritario: más del 70% de los fueguinos está en contra. Sin embargo, en medio de una profunda crisis social, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, la salud colapsada, sueldos estatales deteriorados y miles de contratos industriales en riesgo para diciembre, el oficialismo prioriza una reforma costosa que no le resuelve la vida a nadie.

La Dirección de Comercio e Industria del Municipio de Río Grande procedió a la clausura preventiva de las instalaciones de la empresa CriptoPatagonia en Río Grande, en el marco del cumplimiento de la normativa vigente y ante reiteradas notificaciones presentadas para un correcto desarrollo de las actividades.

El Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar a la recusación del vocal Dr. Ernesto Adrián Löffler en el marco de una causa de alto impacto institucional que involucra el proyecto de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, cuyo costo estimado supera los 4 000 millones de pesos y que, según una encuesta pública, cuenta con más del 70 % de rechazo ciudadano.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios, intervino en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad, tras recibir denuncias de vecinos y vecinas por la presunta existencia de un criadero informal de perros de raza Husky.