El juez de instrucción Javier De Gamas Soler procesó por el hecho a Roberto Camacho, Juan Manuel Stefoni, Antonio Gallegos, José Gómez y Alejandro Gómez, quienes habían sido detenidos poco después del incidente y luego fueron liberados bajo reglas de conducta.

El magistrado les atribuyó a todos ellos los delitos de “atentado a la autoridad agravado por haber puesto mano sobre un funcionario, en concurso ideal con lesiones, y con resistencia a la autoridad y lesiones reiteradas (seis hechos) agravadas por haber sido cometidas contra miembros de las fuerzas policiales”, según indica la resolución judicial.

Por otra parte, el juez procesó a José y Alejandro Gómez por presunta “resistencia a la autoridad”, en relación con otro incidente ocurrido cuando manifestantes escracharon el domicilio particular de la gobernadora Rosana Bertone, el pasado 1 de abril.

A su vez, De Gamas Soler dictó el procesamiento del actual secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, por “resistencia a la autoridad”, en función de los hechos que protagonizó cuando la policía desalojó el acampe instalado durante semanas frente a la Casa de Gobierno fueguina, el 31 de mayo último a la madrugada.

Por este episodio lo acusaron de “arrojar contra la policía un tacho que contenía fuego”.

Además, Catena fue procesado por el delito de “lesiones”, al comprobarse mediante un video (en esta instancia del proceso) cómo le pegó una patada en la mano al ex paritario del gobierno Nicolás Grafigna, durante otro violento episodio ocurrido el 26 de marzo de 2015, en la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos.

De este modo, el juez resolvió en un solo pronunciamiento varias causas que habían sido acumuladas porque involucraban a las mismas personas en hechos similares.

La resolución judicial también les impuso a los sindicalistas el cumplimiento de reglas de conducta, como la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la gobernadora Bertone y del vicegobernador Arcando, bajo apercibimiento de quedar detenidos.

Tampoco podrán “tomar parte de actos públicos en los que se susciten hechos de violencia de cualquier índole o en los que se realicen actos de hostigamiento a funcionarios”, y tendrán prohibido “acercarse a organismos públicos dependientes del Estado provincial, sin previa autorización del tribunal”.

En relación al ataque al vicegobernador, el juez dio por probado que un grupo de manifestantes, entre ellos los procesados, “se abalanzó sobre la humanidad del funcionario, comenzando a forcejear con el personal policial que lo custodiaba”.

Según la investigación Arcando sufrió lesiones en su pierna izquierda producto de varias patadas, y además “lo tomaron de sus prendas de vestir y lo tironearon, produciéndole la rotura de la ropa en su parte superior”.

Como consecuencia de la refriega también hubo seis policías con lesiones, como fracturas, escoriaciones, traumatismos de rodilla y de cabeza.

El pronunciamiento valoró que “la acción que desplegaron los imputados estaba dirigida en contra del vicegobernador, a sabiendas de su investidura, y en el marco de un conflicto en el que los manifestantes se mostraban cada vez más violentos”.

Télam