Tierra del Fuego: detectan una brecha entre las normas de salud mental y su aplicación

RÍO GRANDE.- Un estudio sobre las políticas públicas de salud mental y prevención del suicidio
en Tierra del Fuego identificó avances en la incorporación de estas problemáticas a la agenda
estatal, pero también una brecha entre lo que establecen las leyes y su aplicación efectiva.
Entre los principales desafíos, planteó la necesidad de garantizar recursos, recuperar espacios
institucionales de participación y mejorar la coordinación entre la Provincia, los municipios y
las organizaciones de la sociedad civil.

La investigación titulada “La salud mental y la prevención del suicidio en la frontera: entre el
marco legal y su aplicación práctica en Tierra del Fuego”, se centró especialmente en Río
Grande, en el período 2019-2024 y fue presentada por las politólogas Débora Noemí Villalba y
Gisela Pichunman, docente investigadora del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la
UNTDF, durante las II Jornadas de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social, organizadas por
la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico del CENT 35 de Río Grande “Prof.
Julián José Godoy”.

El trabajo analizó las normas nacionales, provinciales y municipales vinculadas con ambas
problemáticas y las contrastó con su implementación. Para ello, incluyó entrevistas
semiestructuradas a referentes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de la
gestión pública y concejal de la ciudad de Rio Grande.

Los avances y las dificultades para llevar las normas a la práctica
El estudio destacó que Tierra del Fuego incorporó tempranamente los lineamientos nacionales
en materia de salud mental y prevención del suicidio. En ese marco, las normas reconocen a
las personas como sujetos de derechos y promueven un modelo de atención comunitario,
interdisciplinario y articulado entre distintos sectores.
Entre las principales referencias normativas se encuentran la Ley Nacional de Salud Mental Nº
26.657, de 2010, y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130, de 2015. Ambas
establecen principios y herramientas para orientar las políticas públicas, desde la atención
integral hasta la prevención y el acompañamiento comunitario.

Sin embargo, al examinar su aplicación, la investigación identificó un escenario fragmentado,
debido a la implementación parcial de mecanismos de articulación entre sectores, las
restricciones presupuestarias y las diferencias en la distribución de recursos entre los tres
municipios fueguinos.

En Río Grande, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel relevante en la
visibilización de la problemática y en la incorporación de sus demandas a la agenda pública.
Ese proceso contribuyó a la creación de áreas técnicas específicas y a la ampliación progresiva
de los dispositivos de atención a nivel local.

No obstante, uno de los principales hallazgos fue que los espacios institucionales previstos
para la participación y el trabajo conjunto no se encuentran en funcionamiento. El estudio
señaló que tanto el Consejo Municipal de Salud Mental (que sesionó por primera vez a finales
de agosto de 2026) como el Consejo Consultivo Honorario, contemplados en la normativa,
ofrecen mecanismos para que el Estado y las organizaciones sociales participen en el diseño, el
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

Sin embargo, la falta de funcionamiento de estos espacios limita la posibilidad de sostener esa
participación por vías institucionales y hace que la articulación dependa, principalmente, de
canales informales.

Otro de los desafíos identificados es mejorar la coordinación entre el Gobierno provincial y el
Municipio, para evitar respuestas fragmentadas y avanzar hacia políticas sostenidas y
articuladas en el territorio.

Qué hace falta para consolidar las políticas públicas

Como conclusión, la investigación registró avances en el reconocimiento de derechos y en la
incorporación de la salud mental y la prevención del suicidio a la agenda pública, pero advirtió
que la existencia de leyes y programas no garantiza, por sí sola, que las respuestas previstas
lleguen de manera efectiva a la comunidad.

Por eso, plantea la necesidad de construir acuerdos políticos que permitan asegurar un
financiamiento progresivo, sostener los espacios de participación y fortalecer la coordinación
entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones sociales.

El desafío, según el trabajo, es pasar del reconocimiento formal de los derechos a políticas
públicas integrales, sostenidas en el tiempo y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.