ShelknamsurLas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Provincia, en el programa conducido por el periodista Christian Bisso. Allí explicó que el análisis fue desarrollado desde “Agora Estrategias”, una consultora jurídica e institucional desde donde elaboraron un informe crítico sobre el proceso impulsado por el oficialismo provincial.
“Estamos hablando de la base sobre la que se estructura todo un sistema político y social. No se trata de una norma más”, afirmó.
Carro señaló que, aunque formalmente la Ley 1529 hablaba de una reforma parcial, el alcance real del proyecto implicaba cambios profundos dentro de la estructura constitucional fueguina.
“Son 70 artículos los que se pretendían modificar. Estamos hablando de una modificación prácticamente estructural”, sostuvo.
Durante la entrevista también cuestionó la forma en la que se fue desarrollando el proceso y habló de un escenario marcado por reinterpretaciones permanentes, judicialización y redefiniciones políticas.
“La ley que habilitaba la convención hoy no está vigente. Fue derogada por la propia Legislatura”, remarcó.
En ese sentido, explicó que la competencia para habilitar una reforma constitucional pertenece al Poder Legislativo y consideró que el Ejecutivo solamente debe ejecutar una decisión previamente tomada mediante una ley.
“El Ejecutivo ejecuta lo que la Legislatura define normativamente. Hoy la misma Legislatura que años atrás entendió que debía impulsarse la reforma considera que el contexto ya no es el mismo”, expresó.
La letrada también advirtió sobre el impacto institucional que podría generar avanzar hacia una convención constituyente sin una norma vigente que funcione como sustento legal del proceso.
“Si se avanza con una convención, la pregunta es sobre qué base jurídica se sostendría. Hoy esa ley no existe”, planteó.
Además, cuestionó el rol que fue tomando la Justicia dentro de la discusión y consideró que el proceso terminó alejándose de los mecanismos previstos originalmente por la Constitución provincial.
“Hubo reinterpretaciones constantes, readecuaciones y flexibilizaciones que no están previstas constitucionalmente”, señaló.
