El crecimiento del senderismo en la montaña fueguina es un fenómeno continuo. Cada temporada se suma más gente, con distintos niveles de experiencia y preparación. En ese contexto, las situaciones de riesgo se repiten: personas que salen sin el equipamiento adecuado, sin el estado físico necesario o sin evaluar condiciones básicas como el clima y el terreno terminan requiriendo asistencia.
Cuando eso ocurre, se activa la comisión de auxilio que responde con rapidez y profesionalismo. Rescatistas especializados, vehículos, combustible, comunicaciones y equipamiento técnico se despliegan en entornos complejos. Nada de eso es simbólico ni gratuito, todo se paga.
Los datos disponibles permiten dimensionar el impacto real en números. Durante la temporada 2023–2024 se asistió a 117 personas en zonas de montaña. En 2025, el número volvió a ubicarse por encima del centenar, aunque no todos los casos implicaron despliegues completos. Para evitar inflar cifras, el análisis se concentra en los rescates que demandaron movilización efectiva de recursos, estimados en alrededor de 80 operativos en el período reciente.
Cada uno de esos rescates tuvo un costo concreto. Un operativo en 2024 fijó el gasto de una intervención estándar en 8.650 dólares, contemplando horas de rescatistas, vehículos, combustible y desgaste de equipamiento. Con un criterio prudente, el promedio utilizado es de 8.500 dólares por salida.
Con esos valores, el gasto acumulado en tareas de búsqueda y rescate supera los 600 mil dólares entre 2024 y 2025, sin contar la atención hospitalaria posterior ni los operativos ya iniciados en 2026.
En algunos casos, las personas asistidas cuentan con seguros de accidentes personales o coberturas específicas para actividades de riesgo. En muchos otros, no. Cuando no existe respaldo, el costo del operativo queda a cargo del Estado.
La situación se extiende al sistema de salud. Si la persona rescatada no tiene obra social o cobertura médica, los traslados, estudios y eventuales internaciones se atienden en el sistema público. En términos prácticos, el rescate y la atención posterior se sostienen con los mismos fondos.
En este escenario, la responsabilidad es compartida. Quien decide subir debería saber a qué se expone y cuánto cuesta un rescate si algo sale mal, pero también el Estado —a través de los organismos competentes provinciales, municipales — tiene un rol claro en informar. Decir cuánto vale un rescate no desalienta la actividad: aporta conciencia. Muchas decisiones no se toman por imprudencia deliberada, sino por desconocimiento. Y cuando el riesgo se expresa en números, se piensa dos veces.
Salvar vidas claramente no está en discusión. Lo que empieza a quedar expuesto es el impacto colectivo de conductas evitables. Cada salida sin preparación que termina en un operativo de rescate genera un gasto que no asume quien tomó la decisión, sino todos los fueguinos.
Tal vez ya es el momento de transparentar esa realidad. Así como se informa la dificultad de un sendero o el pronóstico del clima, también debería informarse el costo real de un rescate. Porque cuando algo sale mal, hoy sin seguro de asistencia, la factura la pagan los fueguinos.
