Shelknamsur
“Arrancamos con el pie izquierdo, pidiendo plata prestada”, afirmó Lechman, al tiempo que remarcó que la provincia ya no puede sostener discursos que disimulen la gravedad del cuadro financiero. Para el legislador, negar la situación solo profundiza el deterioro y posterga decisiones que ya no admiten demora.
En ese marco, buscó despegar su análisis de cualquier alineamiento partidario con el gobierno nacional y fijó una posición clara sobre la coparticipación. “La Nación envía la coparticipación que tiene que enviar. Yo no defiendo a ningún Ejecutivo nacional, sea cual sea el signo político. Defiendo los intereses de los fueguinos en relación con la coparticipación. Acá hay que decir la verdad”, sostuvo, marcando un límite tanto al relato provincial como a la tentación de trasladar responsabilidades.
El agotamiento de un esquema financiero
Lechman interpretó el momento actual como el cierre de una etapa. Según su lectura, durante años la provincia se sostuvo sobre un esquema que redujo la presión por administrar con rigor. “A Tierra del Fuego le faltó un administrador que se pare en la caja y diga ‘esto es lo que hay’. Antes era fácil: había inflación que licuaba todo y levantabas el teléfono —en referencia al vínculo del gobierno fueguino con el gobierno nacional de Alberto Fernández— y te mandaban lo que necesitabas. Así, con plata ajena, gobierna cualquiera”, lanzó.
Ese modelo, advirtió, ya no existe. Y persistir en su lógica, lejos de ordenar las cuentas, acelera el desgaste institucional. “Seguir creyendo que Papá Nación va a resolver los problemas de la provincia es una fantasía que hoy tiene un costo social muy alto”, señaló.
Pobreza, prioridades y límites políticos
El diagnóstico fiscal se cruza, en el planteo de Lechman, con un escenario social que considera alarmante. Con más del 50% de pobreza en la provincia, sostuvo que ya no hay margen para disputas menores ni para dilaciones políticas. “No hay margen para chicanas ni para palos en la rueda”, afirmó.
Si bien evitó personalizar el conflicto con el gobernador Gustavo Melella, dejó en claro que el respaldo institucional no implica aval a la gestión. “Si mañana la provincia enfrenta un problema de institucionalidad, voy a estar defendiendo a la provincia. Eso no significa acompañar el desorden con el que se viene administrando”, planteó.
En ese sentido, cuestionó la falta de prioridades del Ejecutivo y puso el foco en áreas sensibles. “Educación y salud deberían estar en el centro de cualquier decisión. Este gobierno lleva seis años y los resultados están a la vista: ningún fueguino vive mejor”, sostuvo, relativizando además el uso recurrente de la pandemia como explicación estructural de la crisis.
Reforma constitucional y disputa de fondo
La posible reforma de la Constitución provincial fue otro de los ejes del debate. Para Lechman, avanzar en ese proceso no solo resulta inoportuno desde lo económico, sino que abre una discusión de poder en un contexto social adverso.
“No hay una sola señal de que una reforma constitucional mejore la vida de la gente. Es un gasto innecesario en una provincia que no logra garantizar servicios básicos en condiciones”, afirmó. Según estimaciones mencionadas durante la entrevista, el costo del proceso podría rondar los 8.000 millones de pesos.
Más allá del monto, el legislador defendió el texto constitucional vigente y apuntó al incumplimiento como problema central. “La Constitución no está enferma. El problema es que no se cumple. Se discuten cambios sobre normas que hoy funcionan como límites al poder político”, sostuvo, en alusión al sistema electoral y a la responsabilidad de los funcionarios públicos.
