El Municipio de Río Grande ratificó su acompañamiento, bajo la figura jurídica "amicus curiae", del juicio de ejecución fiscal que apunta a lograr la demolición y el desarme del radar de LeoLabs.
De interés 10/04/2025
Shelknamsur
Así lo confirmaron en el marco de una rueda de prensa encabezada por el intendente de Río Grande, Martín Perez; el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington y el presidente del Centro de Veteranos de la ciudad, Sergio Luis Cepeda. La misma surge a partir del inicio formal -por parte de la localidad mediterránea- de un juicio de ejecución fiscal para el desarme del radar. Desde el Municipio de Río Grande ratificaron su acompañamiento -bajo la figura jurídica "amicus curiae"- a esta acción concreta que apunta a lograr la demolición y el desarme de dicha estructura para la defensa de nuestro territorio y su soberanía.
Frente a la permanencia irregular del radar de la empresa LeoLabs en la provincia, el Municipio de Tolhuin inició un juicio de ejecución fiscal para el desarme de dicha estructura. La medida fue impulsada tras ser rechazado el recurso de reconsideración presentado por la empresa, contemplando no sólo su desmantelamiento sino también el pago de la multa correspondiente en cumplimiento a las ordenanzas municipales vigentes en dicha localidad.
Ante la magnitud de este conflicto y entendiendo que la presencia de dicho radar en la provincia atenta contra nuestra soberanía, es que el Municipio de Río Grande y el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” hicieron público su total respaldo a la acción iniciada desde Tolhuin. Así lo confirmaron en conferencia de prensa el intendente de nuestra ciudad, Martín Perez junto a excombatientes.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, aseguró que “el Municipio de Río Grande está hoy presente en esta mesa para darle nuestro apoyo y acompañamiento a Daniel, a la decisión que tomó el Municipio de Tolhuin de llevar adelante esta acción judicial. Fundamentalmente porque entendemos que esta es la primera acción concreta que existe para lograr el desarme y la demolición del radar”.
“Ya iniciado este proceso judicial en el día de la fecha, desde el Municipio de Río Grande y junto al Centro de Veteranos de Guerra nos vamos a presentar bajo la figura jurídica ‘amicus curiae’ para dar nuestra opinión, nuestro apoyo y acompañamiento a esta decisión que tiene un neto corte administrativo judicial por parte de Daniel y el Municipio de Tolhuin”, sostuvo.
Díaz remarcó que “somos conscientes de que en este proceso judicial se discute sólo una de las distintas responsabilidades que este hecho tiene; que tiene que ver con el incumplimiento de la normativa municipal de Tolhuin”. En tanto subrayó que “aquellas otras cuestiones que tienen que ver con responsabilidades de neto corte político, institucional, a nivel nacional y provincial, civil y penal, no son objetos de este proceso”.
Por su parte, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, afirmó que “nos parecía correcto desde este lugar, desde Río Grande y junto al Centro de Veteranos, poder exponer todas las acciones que son parte de este proceso”. En tanto, agradeció al intendente Martín Perez “por su acompañamiento a esta acción legal y por poner a disposición su equipo legal y técnico para resolver consultas en cuanto a normativas municipales y demás”.
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Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande continúa durante enero y febrero con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del Patio Gastronómico, en una iniciativa que busca acompañar a los emprendedores locales y promover los espacios públicos como verdaderos puntos de encuentro comunitario.
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