Allanamiento: el rol indispensable del Poder Judicial en el control de la legalidad de los actos de Gobierno

El allanamiento en cuestión, llevado a cabo por una fuerza federal bajo la orden del Juzgado de Instrucción 1, tenía como objetivo investigar la fecha exacta de la firma del decreto N° 1656/24, que convocaba a elecciones y que fue cuestionado por posibles irregularidades en su tramitación. La intervención judicial buscaba determinar si el decreto en cuestión fue firmado el 25, 26 o 27 de julio.

El allanamiento en la Casa de Gobierno, ejecutado con el apoyo de Gendarmería Nacional, es el resultado de una serie de denuncias y presentaciones judiciales que cuestionaron la validez del decreto N° 1656/24. Se alega que, aunque el decreto fue publicado el martes 30 de julio de 2024, habría sido falsamente fechado el jueves 25 de julio, un día antes de un apagón masivo que afectó Ushuaia durante 16 horas, paralizando toda actividad administrativa. Esta discrepancia no se consideró un simple error administrativo, sino una posible falsificación deliberada destinada a cumplir con los plazos legales. La verdad sobre estos hechos deberá ser revelada por el peritaje informático, que jugará un papel crucial en confirmar o desmentir las sospechas de manipulación.
 
Cuando un alto funcionario como el ministro jefe de Gabinete, Agustín Tita, que ocupa un puesto de gran responsabilidad, lanza acusaciones sin pruebas concretas ni nombres, se introduce un elemento de incertidumbre que debilita la confianza pública. Tita afirmando que existe un sector de la justicia “aliado” a intereses políticos, pero al no aportar detalles ni evidencia, deja la puerta abierta a interpretaciones que solo alimentan la polarización y el descrédito.

En última instancia, el control judicial de los actos de gobierno no es un ataque político, sino una garantía para todos los fueguinos de que las instituciones funcionan correctamente. Descalificar sin pruebas solo debilita la confianza en el sistema democrático.