El Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado, señalando graves irregularidades en el transporte de combustible realizado por la Dirección Provincial de Energía. La denuncia, encabezada por los representantes gremiales Pedro Leonardo Brangeri y Diego Noya, acusa a las autoridades de poner en riesgo la seguridad pública y el medio ambiente, además de actuar fuera de la legalidad.
Judiciales 22/07/2024
Shelknamsur
El Sindicato Luz y Fuerza de la Patagonia denunció que la Dirección Provincial de Energía se encuentra transportando combustible desde Almanza sin cumplir con las normativas de seguridad y habilitación requeridas.
Según la denuncia, inicialmente se utilizó un camión de gran porte con un tanque adicional para transportar 3,000 litros de gasoil, sin contar con la habilitación correspondiente y con el RTO del vehículo vencido.
"Los trabajadores de la entidad advirtieron a las autoridades sobre la falta de habilitación y medidas de seguridad necesarias, pero sus preocupaciones fueron ignoradas", afirmaron Brangeri y Noya en su denuncia.
Frente a la negativa de los empleados de seguir operando en condiciones ilegales, el vicepresidente de la Dirección Provincial de Energía, Manuel Álvarez, decidió asumir personalmente el transporte de combustible utilizando el vehículo oficial de la empresa (Móvil 40, Dominio AC108YQ). Además, se señala que Álvarez llevó como acompañante a una persona jubilada sin cobertura de seguro.
La denuncia también destaca un presunto acuerdo entre la Dirección Provincial de Energía, Transporte Provincial y la Policía de la Provincia para evitar que los vehículos sean detenidos y controlados. "Mientras los trabajadores eran multados en controles de tránsito, ahora los vehículos circulan sin ningún tipo de supervisión", denunciaron los gremialistas.
Esta complicidad entre las autoridades evidencia una gestión negligente y carente de transparencia, poniendo en entredicho el rol del Estado en la supervisión de sus propias operaciones.
Brangeri y Noya en la denuncia afirman que estas prácticas no solo violan la ley, sino que también representan un peligro significativo para la seguridad de los trabajadores y la comunidad en general.
En la denuncia solicitan una intervención urgente de las autoridades competentes para restablecer la legalidad y la seguridad en el transporte de combustible.
"Las decisiones administrativas denunciadas ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, la salud pública y el medio ambiente", afirmaron.
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