El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, fue parte del panel del Foro Federal Participativo en el marco de la construcción del ‘Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género’. El mismo fue impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El encuentro se llevó adelante en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Ushuaia.
Nacionales21/05/2022
Shelknamsur
Se trató de un Foro Participativo donde se abordaron propuestas e ideas de diferentes actores sociales sobre la temática de género. El mismo tiene como fin fortalecer la nueva forma de planificar y ejecutar políticas públicas con enfoque de género y diversidad basado en la transversalidad.
El Foro contó con un panel encabezado por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriela Moreyra; la Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; y la Secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia a Natacha Aldalla.
En relación a la iniciativa, Moreyra manifestó que «se trató de un espacio de trabajo federal que suma propuestas e ideas de diferentes actores sociales el cual busca fortalecer el nuevo paradigma en la forma de planificar y ejecutar las políticas públicas basado en un enfoque de género y de manera transversal. El objetivo es que cada acción del Gobierno tenga en cuenta el impacto diferenciado que tiene en las mujeres y LGBTI+».
Finalmente la Secretaria hizo mención a que “esta actividad conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, tiene desde la Universidad un marco de trabajo institucional que apunta a promover la perspectiva de género en sus actividades académicas, de extensión, posgrado; así como las distintas normativas que se fueron aprobando en el Consejo Superior». La funcionaria destacó: «Por ejemplo, lo relativo a la incorporación del lenguaje Inclusivo no sexista, no solo en la administración sino en los trabajos académicos y de investigación”.
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La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
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La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
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