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Consultada por Prensa Legislativa, la Parlamentaria destacó la importancia del asunto aprobado, referido a las expropiaciones del sector. Es “un proyecto de Ley que ya se había presentado en esta Legislatura y se había aprobado por medio de la Ley Nº 848. Pero por falta de cumplimiento del Ejecutivo provincial, en aquella oportunidad – gestión de la exgobernadora Fabiana Ríos-, en llevar adelante el juicio expropiatorio, hoy nos vemos envueltos en la misma situación”, señaló Myriam Martínez.
La Presidenta de la Comisión Nº 1 agradeció “la voluntad política” de la conformación legislativa y recordó el trabajo en ámbitos de las distintas comisiones y plenarios que se realizaron tanto en Río Grande como en la capital. “Hemos tenido un intercambio con huerteros, chacareros y productores, quienes presentaron diferentes propuestas, que se han tomado en cuenta casi en un 90% y las hemos incorporado al proyecto original del Ejecutivo provincial”.
La referente del bloque del FPV – PJ se esperanzó en que el gobierno que asume en breve, “pueda iniciar los juicios expropiatorios y desde la comisión de chacras, que está estipulada en la Ley, puedan generar diferentes tipos de políticas públicas para el desarrollo de la producción local, para poder contar en un futuro, con un polo productivo acorde a la necesidad y a la demanda, no sólo en Río Grande, sino también poder abastecer a toda la Provincia”, dijo Martínez.
Por último, la Parlamentaria se mostró conforme con el resultado de la tarea legislativa y agradeció a todos sus pares, “especialmente a la legisladora Liliana Martínez Allende que me acompañó mucho como presidenta de la Comisión Nº 5 y al legislador Pablo Blanco, presidente de la Comisión Nº 2”. También reconoció el aporte de la legisladora Mónica Urquiza, “para poder acordar y lograr el consenso que nos faltaba”, concluyó la legisladora Myriam Martínez.
En los fundamentos presentados por el Ejecutivo provincial, se menciona que su objetivo es “implementar todas las alternativas para el desarrollo y la generación de empleo; llevar adelante programas y proyectos, que faciliten la producción regional de alimentos de origen vegetal y animal, con cercanía al consumidor final y puntos de distribución, mejorando el acceso a una alimentación saludable, generando condiciones de hábitat, ingresos y calidad de vida, promoviendo el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria”.
Cabe recordar que la propuesta fue sancionada luego de una extensa discusión parlamentaria, que incluyó plenarios de Comisiones en Río Grande, con los propios vecinos y funcionarios del Gobierno, de las áreas competentes.
