La gobernadora Rosana Bertone, junto a mandatarios de otras 18 provincias del país, exigieron al Gobierno nacional a través de un duro documento que “instrumente las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento” de las administraciones provinciales, habida cuenta del fuerte impacto negativo que tendrán las medidas “inconsultas” adoptadas por el presidente Mauricio Macri. De no ser así, el próximo lunes presentarán amparos judiciales, advirtieron.
Nacionales21/08/2019
Shelknamsur
La gobernadora Rosana Bertone informó que en el caso de Tierra del Fuego, estas medidas perjudican en más de 400 millones de pesos” los ingresos provinciales, puesto que se dejarán de percibir lo recaudado por el impuesto a las ganancias y monotributos y por el congelamiento de los combustibles.
Por este motivo, si no se revierte la situación “vamos a judicializar las medidas tomadas por el Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia. Es por ello, que ya he dados las indicaciones al Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre” adelantó la mandataria.
“Queremos defender nuestros recursos y sostener la paz social. Las familias argentinas no la están pasando bien y nosotros somos conscientes que se tienen que tomar medidas. Pero estos paliativos no tienen que ser con los recursos de las provincias. Permanentemente nos están desfinanciando y están provocando una crisis social muy grande” manifestó la gobernadora.
Tierra del Fuego es una de las provincias más afectadas por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, puesto que las medidas lanzadas para paliar la crisis, como el descuento en el Impuesto al Valor Agregado a ciertos alimentos y la reducción del impuesto a las ganancias, no alcanza a los ciudadanos fueguinos.
“No estamos en contra de que se tomen medidas que beneficien a la población. Lo que queremos es que sean consensuadas y que compensen a las provincias argentinas, que se ocupan de la salud, la educación, la seguridad y el pago de salarios de sus empleados”, remarcó Bertone.
“Todos los meses tenemos dificultades en pagar los salarios. Hicimos mucho esfuerzo para cumplir con el aguinaldo en tiempo y forma. Por ese motivo, si la Corte no hace lugar a nuestro reclamo, este mes nos va a afectar a todos” alertó la gobernadora.
La mandataria recordó que “la Constitución indica que estas medidas deben ser debatidas en el Parlamento nacional y luego por las legislaturas provinciales. Estas medidas se han tomado por decreto simple o de necesidad y urgencia. Esto vulnera el Pacto Fiscal, la legislación vigente y la posibilidad de discutirlas en el Congreso por los representantes del pueblo”.
De la reunión llevada a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones, participaron gobernadores y representantes de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Formosa, Catamarca, Salta, Chaco y Misiones.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
El Municipio de Río Grande confirmó el calendario completo de los festejos de Carnaval 2026, que incluirán tres instancias: Carnavales Barriales desde el 1° de febrero, la Gala del Carnaval el 6 en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central el domingo 15 de febrero sobre la avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional.
Durante enero, el Municipio de Río Grande ofrece una agenda de actividades orientadas a la educación y la conciencia ambiental, con propuestas informativas y recreativas abiertas a la comunidad.
En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio de Río Grande llevó adelante durante el fin de semana una entrega de más de 11 mil plantines de 25 especies variadas, en el Parque de los 100 Años, como parte de la propuesta recreativa y comunitaria “Vacaciones en el Parque”.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con una serie de intervenciones de obra pública, mantenimiento y puesta en valor de espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso de los espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó una modificación clave en el esquema del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) que, en los hechos, permite a las empresas radicadas en Tierra del Fuego reducir total o parcialmente —incluso hasta llevar a cero— sus aportes obligatorios. La decisión quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre promoción industrial, empleo y reconversión productiva.
El apalancamiento es la razón número 1 por la que los principiantes ganan (o pierden) dinero muy rápido. Es literalmente la herramienta más poderosa que tienes… y también la que más cuentas destruye en 2026.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
La intervención del Puerto de Ushuaia no irrumpe en el vacío. Llega después de meses de advertencias, de información publicada y de desmentidas oficiales que hoy quedaron desmentidas por los hechos. No se trata de una sorpresa ni de una lectura ex post: es la consecuencia lógica de gobernar administrando crisis, sin resolverlas. Durante meses, el Gobierno provincial negó de plano cualquier posibilidad de intervención. La información fue desacreditada, minimizada, presentada como malintencionada. Sin embargo, el problema no era el mensaje sino la realidad que describía. Negar no ordena; solo patea el conflicto. Y los conflictos pateados, tarde o temprano, vuelven con mayor impacto.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.