La ex presidenta rechazó este lunes una denuncia periodística sobre supuestas operaciones ilegales en el exterior por casi 500 millones de dólares, y anticipó que demandará a los periodistas Lanata y Nicolás Wiñazki.
Nacionales22/08/2016
Shelknamsur
"Ante la injuriante y falsa tapa de Clarín, CFK me instruyó a demandar a los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki," escribió este lunes en la red social Twitter el abogado de la ex jefa de Estado, Gregorio Dalbón.
En su programa dominical de Canal 13, Lanata reveló el domingo que la ex mandataria "ocultó movimientos sospechosos por casi 500 millones de dólares."
Según la denuncia -que fue reproducida este lunes en la portada del diario Clarín- se sostiene que se trata de "giros en el exterior de socios y financistas vinculados al mundo K".
"Los datos los hallaron los fondos buitre y los enviaron a la ex procuradora del Tesoro", Angelina Abbona, de acuerdo con lo publicación, que vinculó en la denuncia también a uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín.
En tanto la ex Presidente sostuvo en uno de sus cinco tuits que la denuncia no ofrece ningún documento probatorio contra ella "porque no existen".
Para Cristina Kirchner se trata de un nuevo episodio de "Periodismo de guerra: si no hay pruebas inventemos títulos. Si hay tarifazo, inventemos títulos. Si hay inflación, inventemos títulos".
"En la nota, ni una sola mención a transferencias ni cuentas Kirchner. porque no existen", remarcó, al tiempo que insistió en que "la nota de Clarín tiene un solo problemita: no encontraron una cuenta en el exterior, ni fondos ocultos o no declarados, porque no existen".
La ex jefa de Estado finaliza su respuesta en forma irónica, al apuntar: "Si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en Panamá Papers, armamos una tapa contra CFK".
El Municipio de Río Grande lleva adelante un plan de intervención integral en bulevares, espacios verdes y sectores de encuentro comunitario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de la ciudad. Las tareas son ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y abarcan distintos puntos estratégicos del ejido urbano.
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El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
En su primer aniversario, la Casa que acompaña a estudiantes de Tierra del Fuego y Santa Cruz en Córdoba celebra un año de trabajo sostenido con más de mil jóvenes que cursan sus estudios lejos de sus familias, pero con una red de contención activa y permanente.
Con recursos propios y una planificación sostenida en el tiempo, el Municipio de Río Grande continúa ejecutando trabajos de hormigonado y mantenimiento vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.
- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.
Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
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