El presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Vázquez, salió al cruce de las acusaciones realizadas –vía mensaje anónimo y firmada por supuestos empleados del organismo-, de que se estaría dilapidando el patrimonio del IPV por la entrega de más de 400 lotes en el Pipo y de 384 en Cabo de Mar de Río Grande (en la primera etapa).
Política03/07/2019
Shelknamsur
Tras señalar que dicha solicitada “no la suscribe nadie” el funcionario relativizó la publicación al señalar que “la planta de IPV está compuesta por 260 personas y no sé cuántas serán las personas responsables de haber publicado esta comunicación”.
De todos modos aseguró que “nosotros estamos haciendo lo que nos indica la norma, que es dar soluciones habitacionales, no solamente a través de viviendas sino como expresamente lo dice la ley 19, en su artículo 6 inciso D, otorgando lotes con servicios a las familias que los necesitan”.
Vázquez aseguró que “hay un desconocimiento total (por parte de los denunciantes) en cuanto al proyecto, los montos de los terrenos, el entendimiento de lo que es el Estado” porque “en una parte observa que el IPV cedió a título gratuito una parcela de 32.360 metros cuadrados para la construcción de una planta potabilizadora; como si eso hubiera sido en desmedro del Estado”.
Remarcó que “la planta potabilizadora es necesaria para que las casas tengan agua y cloacas” y consideró, por tanto, que “es inentendible cuál sería la crítica de hacer plantas potabilizadoras”.
“Esta gente está desinformando de una manera increíble” lamentó el titular del IPV, quien ratificó que “ni siquiera se hace responsable de lo que escribe, porque dice los empleados del IPV cuando estos ascienden a 260 personas y ayer (martes) algunos vinieron a asegurarme que nos firmaron esa publicación y que no tienen nada que ver con su contenido”.
Tras reiterar que el IPV puede cumplir con su misión principal que es dar soluciones habitacionales entregando viviendas o terrenos, Vázquez comentó que “el Instituto tiene dos proyectos grandes, uno en Cabo de Mar de Río Grande, de aproximadamente 1440 soluciones; y en el sector 3 de Río Pipo (Ushuaia), con unas 1200 aproximadamente”.
Aclaró que “los precios de los lotes están determinados por las áreas técnicas del organismo” y que “el proyecto de le IPV, que trabajó en conjunto con la Municipalidad y con Catastro; así que esto no es de ahora sino que está en el marco de convenios que se firmaron mucho antes”.
En cuanto al sistema de ahorro previo planteado para estos terrenos, aseveró que “tampoco es nuevo porque ya se ha realizado antes y es una forma de financiarnos”, máxime teniendo en cuenta que “a la fecha, la Nación nos debe 518 millones de pesos”.
Observó que “la gente va a empezar a pagar un lote con servicios y al momento que la obra –que ya está en ejecución- esté terminada le va a quedar un saldo que va a poder financiar, y con la adjudicación podrá pedir una hipoteca”.
El titular del IPV conjeturó que la denuncia responde “a intereses de otro tipo, de gente que se arroga la facultad de opinar por la gente que ha solicitado el terreno”. “Sería bueno que den la cara los que le quieren negar a la gente el acceso a su terreno. Que le digan a la gente que no se los quieren dar. Están perjudicando a más de mil familias con el único objetivo de hacer política barata y generar malestar. A mí me gustaría que los sectores que están alentando este rechazo a más de mil familias, den la cara y salgan de las sombras. Porque mandan documentos a los medios sin firma o usan a algunos trabajadores para ocultar los verdaderos intereses que están detrás de todas estas movidas. A los únicos que perjudica es a los vecinos que quieren acceder a su terreno" amplió Vazquez.
Cuota mínima
En otro orden de cosas, Vázquez se refirió a la implementación del sistema de cuota mínima, en el marco de la crisis que actualmente se vive para morigerar la situación de los adjudicatarios.
En ese sentido explicó “a través de las áreas ‘Social’ y ‘Recupero’ las familias se pueden acercar para solicitar este beneficio, en caso de que no puedan hacer frente a la totalidad de la cuota, para que se evalúe, ya sea el achicamiento de la cuota o su refinanciamiento”.
“Son todas cuestiones que la ley faculta a las autoridades del Instituto para dar solución a las familias que necesiten que las acompañemos”, dijo.
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Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
En un intento por ordenar el frente político y administrativo tras la renuncia en bloque del equipo económico, el gobernador Gustavo Melella designó al contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía, en reemplazo de Francisco Devita. Del acto de asunción participó también el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
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Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
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El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.
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