Las medidas de emergencia comercial y del buen contribuyente surgieron a partir del trabajo llevado adelante por el gabinete económico y social en junto a las Cámaras de Comercio de Ushuaia y de Río Grande, el marco de la crisis nacional que impacta a Tierra del Fuego.
A contramano de lo que sucede en el resto del país donde la presión tributaria sobre la actividad privada es cada vez mayor, la gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión política de bajar los impuestos a pequeñas y medianas empresas y al sector comercial y productivo en general, con el objetivo de cuidar los puestos de trabajo y sostener la actividad económica de la provincia.
Tras la aprobación legislativa, se premiará el cumplimiento de los contribuyentes actualizando la base imponible anual para la aplicación del 15 % de descuento en las alícuotas a los ingresos brutos (que anteriormente era del 12%) y elevando del 5% al 8% para quienes superen dicha base imponible.
Respecto a la declaración de la Emergencia Comercial, la Legislatura autorizó a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite. Esta ley impulsada por Bertone tiene como objetivo proteger la actividad de los comercios de la provincia y preservar los puestos de trabajo.
Asimismo, y a pedido del gobierno, se sumó al texto de la ley la suspensión de las ejecuciones por deudas de los contribuyentes con la DPE y la DPOSS.
Por otro lado, el Parlamento fueguino también aprobó el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción de la Industria del Software. Con esta normativa se busca incentivar la instalación e inversiones de las empresas dedicadas a la fabricación de software, con la meta de exportar esos servicios y productos, formar recursos humanos y crear más puestos de trabajo calificado.
Finalmente, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de Industrias Creativas. “Las industrias creativas serán entendidas como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” señala el articulado.
