La gobernadora Rosana Bertone resolvió presentar ante la Justicia una acción de amparo para dejar sin efecto el acto de adjudicación de las áreas de exploración de gas y petróleo de la plataforma continental argentina, que este jueves llevó adelante el gobierno nacional.
De interés 17/05/2019
Shelknamsur
La decisión de interponer esta presentación judicial es fundada en el riesgo que estas actividades supondrán para la industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad manifiesta en la omisión de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente, a efectos de suspender el proceso de otorgamiento de permisos de exploración a las empresas adjudicatarias, lo cual se llevaría a cabo el 1 de agosto, hasta que no se realicen de manera correcta y completa los estudios de impacto ambiental necesarios, y hasta tanto y en cuanto no esté terminado el Mapa de Sensibilidad Ambiental que permitirá analizar con mayor profundidad el otorgamiento o denegación de los permisos de prospección en una zona altamente sensible para las especies marinas.
Asimismo, se solicitará que tomen intervención los estamentos de control del Estado y todos aquellos que puedan ver afectada sus actividades reguladas dentro de la Zona Económica Exclusiva llevando a cabo la realización de las audiencias públicas correspondientes en las Comisiones respectivas del Congreso de la Nación.
El gobierno de Mauricio Macri determinó adjudicar las áreas para exploración luego de que el Canciller Faurie afirmara ante los senadores nacionales que la concesión de las zonas a empresas británicas o a aquellas que en el pasado hayan intervenido en la exploración ilegal en las Islas Malvinas “no viola la ley 26.659 ni ninguna otra ley”.
Faurie se justificó en que dicha ley entró en vigor en el 2011 y la participación de estas empresas fue en el año 2007, apelando de esta forma al principio de irretroactividad sin importar el hecho inadmisible y de extrema peligrosidad para la Argentina de que empresas británicas obtengan áreas de exploración de vastos sectores de la plataforma continental argentina en cercanía a las Islas Malvinas, sea porque obtuvieron su licencia a través del gobierno nacional, o de parte del ilegitimo gobierno británico de las islas Malvinas.
La Secretaría de Energía también se negó a dar respuestas a los constantes pedidos de información requeridos por el Gobierno de Tierra del Fuego, incluso bajo apercibimiento de recurrir a la Justicia, respecto a la posibilidad de que las empresas oferentes se encuentren comprendidas en las causales de prohibición enumeradas por la ley 26.659 y solicitando que en caso de que así sea, se declaren inadmisibles dichas ofertas, se prohíba a tales empresas ser adjudicatarias de las áreas ofertadas y a su vez, sean sancionadas de conformidad a la ley aplicable a los efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables.
“Sumado a la peligrosidad que implica que empresas británicas hayan sido adjudicatarias de áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas, el Gobierno nacional ha avanzado en este proceso sin haber cumplido con la normativa nacional y los estándares internacionales en materia de protección ambiental” aseveró el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello.
Argüello cuestionó que “el Ejecutivo nacional ha omitido la realización de un estudio de impacto ambiental previo, que se impone en un área de extrema sensibilidad para los recursos ictícolas argentinos, ya que las campañas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental pueden generar efectos desastrosos, dañando a mamíferos marinos, tortugas marinas, peces, centolla y otras especies de especial relevancia para la provincia de Tierra del Fuego”.
La Secretaría de Energía ha solicitado apenas un “estudio de sensibilidad” que se va a desarrollar únicamente durante las acciones de exploración, “cuando los protocolos internacionales indican que se realicen cuatro estudios de impacto ambiental necesarios para medir el impacto ambiental: antes de comenzar las prospecciones, en la etapa intermedia, cuando finaliza y luego hacer un estudio para medir los plazos de recuperación del ambiente” explicó el secretario.
Tampoco la Secretaria de Energía ha informado de forma oficial -ni extra oficial- ni al Consejo Federal Pesquero, ni la Subsecretaría de Pesca de la Nación, ni ante ninguna de las provincias con litoral marítimo por separado, las acciones a desarrollar en el marco de las licitaciones en cuestión. “Cabe recordar que la Secretaría de Energía encargó el año pasado a la Subsecretaría de Pesca junto con el INIDEP, la creación de un Mapa de Sensibilidad Ambiental que aún no se encuentra terminado, herramienta esencial para analizar el impacto que la actividad exploratoria puede generar en la pesca” agregó Argüello.
“La pesca es una actividad económica de gran relevancia y de fundamental importancia para la economía y el trabajo de los fueguinos por su capacidad de generar empleo, proveer alimentos de alta capacidad nutricional, generar divisas de exportación” subrayó el secretario, por lo cual “es mandatorio que se realicen los estudios y análisis del impacto que las actividades de exploración en la plataforma continental argentina puedan tener en una actividad primordial para la nación en su conjunto”.
Finalmente, Argüello recordó que “el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano. La Ley General del Ambiente Nº 25.675, ley de orden público, exige en su art. 11 que toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente esté sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Asimismo, en su art. 20 exige la celebración de una audiencia pública antes de la autorización de este tipo de actividades. Entendemos que es procedente presentar la acción de amparo con el objeto de que no se inicien las actividades antes del cumplimiento de estos dos requisitos”.
Los registros epidemiológicos de Tierra del Fuego muestran que los casos de sífilis vienen en aumento de manera constante en los últimos años, con una mayor concentración de diagnósticos entre jóvenes y adultos, especialmente en personas de entre 15 y 39 años.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
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La intervención dispuesta por el Estado nacional sobre el Puerto de Ushuaia no implica la disolución del ente portuario provincial ni la remoción de su estructura formal. Tampoco supone despidos, ni alteraciones en la estabilidad laboral del personal de planta permanente. Sin embargo, sí introduce un cambio central: la conducción operativa deja de estar en manos del Ejecutivo provincial y pasa a depender de decisiones nacionales.
El empresario turístico y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, Ángel Brisighelli, se refirió a la intervención del Puerto de Ushuaia y cuestionó el corte que el gremio ATE mantiene sobre la avenida Garramuño, una de las principales vías de acceso a la zona portuaria.
El aviso ARA Bahía Agradable zarpó desde la Base Naval Ushuaia para asumir el control de la fase “Charlie” de la operación binacional que la Argentina desarrolla junto a Chile en aguas antárticas, con foco en la seguridad de la navegación, la asistencia humanitaria y la protección ambiental.
La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande continúa durante enero y febrero con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del Patio Gastronómico, en una iniciativa que busca acompañar a los emprendedores locales y promover los espacios públicos como verdaderos puntos de encuentro comunitario.
La Municipalidad de Ushuaia informó que ya se encuentra disponible una nueva actualización de la aplicación de la Tarjeta +U, que incorpora mejoras en su funcionamiento y suma nuevas herramientas orientadas a facilitar su uso por parte de los vecinos y vecinas.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó de plano las versiones sobre un supuesto desvío de fondos en el Puerto de Ushuaia y aseguró que “el puerto nunca envió ni un peso a OSEF”, al tiempo que defendió la legalidad del préstamo otorgado a la Provincia, que —según afirmó— se paga en tiempo y forma conforme al convenio firmado.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Ushuaia, David Ferreyra, informó que el personal del área realiza de lunes a viernes tareas diarias de limpieza, embellecimiento y recolección de residuos en distintos puntos de la ciudad.
De cara al ciclo lectivo 2026, el Instituto Universitario River Plate (IURP) presentó su propuesta académica en Río Grande, que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos vinculados al deporte, la educación y la gestión, en el marco del convenio vigente con el Municipio desde 2022.