La gobernadora Rosana Bertone resolvió presentar ante la Justicia una acción de amparo para dejar sin efecto el acto de adjudicación de las áreas de exploración de gas y petróleo de la plataforma continental argentina, que este jueves llevó adelante el gobierno nacional.
De interés 17/05/2019
Shelknamsur
La decisión de interponer esta presentación judicial es fundada en el riesgo que estas actividades supondrán para la industria pesquera y los recursos naturales argentinos y en la arbitrariedad manifiesta en la omisión de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente, a efectos de suspender el proceso de otorgamiento de permisos de exploración a las empresas adjudicatarias, lo cual se llevaría a cabo el 1 de agosto, hasta que no se realicen de manera correcta y completa los estudios de impacto ambiental necesarios, y hasta tanto y en cuanto no esté terminado el Mapa de Sensibilidad Ambiental que permitirá analizar con mayor profundidad el otorgamiento o denegación de los permisos de prospección en una zona altamente sensible para las especies marinas.
Asimismo, se solicitará que tomen intervención los estamentos de control del Estado y todos aquellos que puedan ver afectada sus actividades reguladas dentro de la Zona Económica Exclusiva llevando a cabo la realización de las audiencias públicas correspondientes en las Comisiones respectivas del Congreso de la Nación.
El gobierno de Mauricio Macri determinó adjudicar las áreas para exploración luego de que el Canciller Faurie afirmara ante los senadores nacionales que la concesión de las zonas a empresas británicas o a aquellas que en el pasado hayan intervenido en la exploración ilegal en las Islas Malvinas “no viola la ley 26.659 ni ninguna otra ley”.
Faurie se justificó en que dicha ley entró en vigor en el 2011 y la participación de estas empresas fue en el año 2007, apelando de esta forma al principio de irretroactividad sin importar el hecho inadmisible y de extrema peligrosidad para la Argentina de que empresas británicas obtengan áreas de exploración de vastos sectores de la plataforma continental argentina en cercanía a las Islas Malvinas, sea porque obtuvieron su licencia a través del gobierno nacional, o de parte del ilegitimo gobierno británico de las islas Malvinas.
La Secretaría de Energía también se negó a dar respuestas a los constantes pedidos de información requeridos por el Gobierno de Tierra del Fuego, incluso bajo apercibimiento de recurrir a la Justicia, respecto a la posibilidad de que las empresas oferentes se encuentren comprendidas en las causales de prohibición enumeradas por la ley 26.659 y solicitando que en caso de que así sea, se declaren inadmisibles dichas ofertas, se prohíba a tales empresas ser adjudicatarias de las áreas ofertadas y a su vez, sean sancionadas de conformidad a la ley aplicable a los efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables.
“Sumado a la peligrosidad que implica que empresas británicas hayan sido adjudicatarias de áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas, el Gobierno nacional ha avanzado en este proceso sin haber cumplido con la normativa nacional y los estándares internacionales en materia de protección ambiental” aseveró el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello.
Argüello cuestionó que “el Ejecutivo nacional ha omitido la realización de un estudio de impacto ambiental previo, que se impone en un área de extrema sensibilidad para los recursos ictícolas argentinos, ya que las campañas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental pueden generar efectos desastrosos, dañando a mamíferos marinos, tortugas marinas, peces, centolla y otras especies de especial relevancia para la provincia de Tierra del Fuego”.
La Secretaría de Energía ha solicitado apenas un “estudio de sensibilidad” que se va a desarrollar únicamente durante las acciones de exploración, “cuando los protocolos internacionales indican que se realicen cuatro estudios de impacto ambiental necesarios para medir el impacto ambiental: antes de comenzar las prospecciones, en la etapa intermedia, cuando finaliza y luego hacer un estudio para medir los plazos de recuperación del ambiente” explicó el secretario.
Tampoco la Secretaria de Energía ha informado de forma oficial -ni extra oficial- ni al Consejo Federal Pesquero, ni la Subsecretaría de Pesca de la Nación, ni ante ninguna de las provincias con litoral marítimo por separado, las acciones a desarrollar en el marco de las licitaciones en cuestión. “Cabe recordar que la Secretaría de Energía encargó el año pasado a la Subsecretaría de Pesca junto con el INIDEP, la creación de un Mapa de Sensibilidad Ambiental que aún no se encuentra terminado, herramienta esencial para analizar el impacto que la actividad exploratoria puede generar en la pesca” agregó Argüello.
“La pesca es una actividad económica de gran relevancia y de fundamental importancia para la economía y el trabajo de los fueguinos por su capacidad de generar empleo, proveer alimentos de alta capacidad nutricional, generar divisas de exportación” subrayó el secretario, por lo cual “es mandatorio que se realicen los estudios y análisis del impacto que las actividades de exploración en la plataforma continental argentina puedan tener en una actividad primordial para la nación en su conjunto”.
Finalmente, Argüello recordó que “el artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano. La Ley General del Ambiente Nº 25.675, ley de orden público, exige en su art. 11 que toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente esté sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Asimismo, en su art. 20 exige la celebración de una audiencia pública antes de la autorización de este tipo de actividades. Entendemos que es procedente presentar la acción de amparo con el objeto de que no se inicien las actividades antes del cumplimiento de estos dos requisitos”.
El Municipio confirmó que a lo largo de 2026 se mantendrá vigente el mecanismo de actualización de datos vinculado a una de sus principales políticas sociales, con el objetivo de garantizar una correcta asignación del beneficio y fortalecer los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.
La jefa de Gabinete planteó que, por dos meses, se frenen ingresos de personal, contrataciones y modalidades de vinculación. “Es una señal”, sostuvo, en un contexto de reclamos por orden y previsibilidad.
En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.
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El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.
El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.
En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.
La Municipalidad de Ushuaia dispuso la suspensión de las contrataciones bajo el régimen de locación de servicios y de los contratos administrativos en todo el ámbito del Ejecutivo local. La medida quedó formalizada a través de la circular 002/2026 de la Jefatura de Gabinete y alcanza a la totalidad de las secretarías municipales.
El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.
El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.
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