Alguien imagina un radar argentino en Malvinas autorizado por la Corona Británica

Es difícil imaginar el caso inverso.

Una empresa argentina llegando a las Islas Malvinas, presentando documentación, consiguiendo autorizaciones y levantando un radar con el visto bueno de las autoridades británicas.

Mucho más difícil sería imaginar que, una vez instalado, los funcionarios empezaran a explicar que no sabían exactamente quién estaba detrás.

En Tierra del Fuego pasó.

LeoLabs Argentina avanzó durante 2022 con la instalación de la estación en la estancia El Relincho, en cercanías de Tolhuin. Hubo autorización ambiental provincial, expedientes administrativos e intervención de distintas dependencias públicas.

El radar no apareció de una noche para otra.

Hubo funcionarios que recibieron documentación, organismos que analizaron el proyecto y áreas del Estado que permitieron que siguiera avanzando.

Ahora la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura comenzará a citar a quienes tuvieron participación o conocimiento del caso.

Entre los convocados aparecen el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exministro de Defensa Jorge Taiana; el exjefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo y el exsenador Pablo Blanco.

No todos tuvieron el mismo rol. Algunos cuestionaron posteriormente la instalación y advirtieron sobre sus implicancias. La comisión deberá reconstruir la secuencia completa y determinar quién permitió avanzar el proyecto, quién intentó frenarlo y cuándo aparecieron las primeras alertas.

Pero la investigación no puede detenerse ahí.

El radar fue autorizado y construido durante la gestión de Gustavo Melella.

Y esa es la explicación que todavía falta.

¿El Gobernador sabía lo que estaba ocurriendo?

Si estaba informado, habrá que determinar desde cuándo y qué intervención tuvo su administración. Si no lo sabía, la situación tampoco resulta tranquilizadora: significaría que una instalación que posteriormente generó cuestionamientos por razones de defensa y seguridad nacional atravesó distintas oficinas de su propio gobierno sin que la máxima autoridad provincial estuviera al tanto.

Después llegaron las advertencias, los comunicados y los reclamos para detener el funcionamiento.

Pero el radar ya estaba instalado.

Y eso es lo que vuelve difícil escuchar tantos discursos sobre soberanía sin mirar primero lo que ocurrió en Tolhuin.

Porque cuesta imaginar que en Malvinas las autoridades británicas permitieran instalar un radar argentino y después nadie pudiera explicar quién lo autorizó.

En Tierra del Fuego, en cambio, todavía estamos buscando esa respuesta.

El radar estaba ahí.

A la vista.

Ahora falta saber quién le dio el OK.