Shelknamsur
Acompañaron a Garay la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; y el subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff, quienes detallaron el alcance de la quita y sus posibles consecuencias en la administración cotidiana y en la prestación de servicios esenciales, en un contexto económico ya de por sí ajustado para las gestiones locales.
Del encuentro participaron integrantes de los gremios Jerárquicos, Sindicato de Músicos, SOEM, SEMUP, ATE y UPCN. Allí se remarcó que los fondos retenidos constituyen recursos clave para sostener la estructura municipal y garantizar servicios básicos, lo que vuelve aún más sensible una decisión adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo provincial, sin consenso ni mecanismos de compensación claros.
En ese marco, Garay expresó que “estamos en alerta tras los últimos anuncios sobre la quita de la coparticipación a todos los municipios fueguinos”, y subrayó que se trata de una situación que “nos tiene que poner a todos en unidad para defender todo lo que tiene que ver con los recursos municipales”. La advertencia no sólo apunta al impacto inmediato en las arcas locales, sino también a un esquema de relaciones institucionales que vuelve a tensarse cuando las decisiones se concentran y se ejecutan sin acuerdos previos.
La jefa de Gabinete sostuvo además que el Municipio “va a recurrir a todas las instancias necesarias para que los empleados municipales y la comunidad comprendan las consecuencias de esta quita de fondos a los municipios”. Un mensaje que deja entrever que el debate no es meramente técnico, sino político e institucional, y que vuelve a exponer la discusión de fondo sobre cómo se compone y administra la coparticipación en la provincia, y quiénes terminan asumiendo los costos de decisiones tomadas lejos del territorio.
